El ministro de Inmigración de Australia ha vuelto a cancelar el visado de Novak Djokovic. Era lo esperado. Después de toda la semana con la decisión en vilo, Alex Hawke hizo efectivo este viernes el poder de veto que le otorga su cargo para deportar al número uno del tenis, a sólo tres días del comienzo del Grand Slam. Hubiera sido mejor para el torneo que el anuncio hubiera sido antes, pero el Gobierno del país vela por intereses que están por encima de una competición. La resolución, que alega “motivos de salud y buen orden”, se acopla al sentir popular de la nación aussie. Estos días se ha publicado una encuesta que sitúa el rechazo a Djokovic en un 83 por ciento, pero ni siquiera hacía falta la validación empírica para comprobarlo. Bastaba con chequear el parecer de cualquier ciudadano australiano.

La opinión pública internacional sí sostenía ciertas dudas al respecto, sobre todo después de que el juez Anthony Kelly permitiera el pasado lunes su permanencia, pero los acontecimientos de las últimas jornadas, que ponen en entredicho los trámites del serbio, hasta el punto de que tuvo que emitir un comunicado de aclaración, han reducido la crítica exterior.

Dentro del Down Under, desde luego, la repulsa es un clamor. El motivo principal es el enorme sacrificio que están haciendo allá durante la pandemia. Melbourne, sede del Open, suma 265 días de confinamiento. La decisión llega también en pleno aumento de casos, con nuevas restricciones que afectan al propio torneo, que ha tenido que rebajar el aforo a la mitad, pero sobre todo a unos ciudadanos hastiados por la situación. Evidentemente, Djokovic no ha provocado este escenario y, objetivamente, ni siquiera supone un peligro. Pero su caso es ejemplarizante. El campeón espera poder salvar otro match-ball con un recurso cada vez más difícil de prosperar. Aunque, pase lo que pase, este partido con Australia hace tiempo que lo tiene perdido.