Portugal investiga la nacionalidad que otorgó a Abramovich

El oligarca ruso Roman Abramóvich, que ha sido uno de los objetivos de las sanciones ejecutadas por Occidente a causa de la ofensiva militar de Rusia en Ucrania, también cuenta con la nacionalidad portuguesa desde que el Gobierno luso se la concediera en abril de 2021. La posee en virtud de unas supuestas raíces sefardíes que nunca han estado del todo claras.

Tal y como informa El País, la persona que se encargó de avalar y tramitar su nacionalidad, Daniel Litvak, el rabino de la Comunidad Israelí de Oporto, fue detenido el pasado jueves. El diario portugués Público ha indicado que, en el momento de su arresto, Litvak se preparaba para volar en dirección a Israel.

A última hora de este viernes, la Policía Judicial ha confirmado a través de un comunicado esta operación que, además, también ha llevado consigo registros en domicilios y en despachos de abogados.

La Fiscalía General del Estado ya inició una investigación en el mes de enero con el objetivo de aclarar posibles irregularidades en la tramitación de este tipo de expedientes en los que se facilitaba la nacionalidad portuguesa con el argumento de los antecedentes históricos de judíos ibéricos.

El órgano judicial cree que en estos procedimientos, se podría haber incurrido en diversos delitos como tráfico de influencias, corrupción activa, falsificación de documento, blanqueamiento de capitales, fraude fiscal y asociación criminal.

Los descendientes de sefardíes ibéricos pueden nacionalizarse

El amparo legal de trámites como el que llevó a cabo Abramóvich reside en la Ley de la Nacionalidad, que desde el año 2015 permite nacionalizar como portugueses a los descendientes de la antigua comunidad judía que residió en el país hasta que fueron expulsados por orden del rey Manuel I en 1496.

El ejecutivo portugués le otorgó la potestad en exclusiva a las Comunidades Israelíes de Lisboa y Oporto para poder certificar los antecedentes sefardíes de los solicitantes. Desde ese momento, se contabilizan 86.500 peticiones tramitadas, de las que el Ministerio de Justicia ha aceptado más de 32.000.

Pese a que ambas comunidades cuentan con la autorización para cursar las solicitudes, el 90% se han presentado en la de Oporto, como fue el caso de la de Roman Abramóvich, que ahora se encuentra bajo sospecha.