La Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que impondrá una cartilla COVID-19 para obtener información sobre si una persona ha pasado la enfermedad, tiene anticuerpos o si se ha realizado pruebas PCR. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el objetivo "es evitar confinamientos" y que las personas puedan "seguir su vida normal" al tiempo que extreman las precauciones.

Tras hacerse pública esta medida, numerosos expertos se han llevado las manos a la cabeza y han mostrado su rechazo. El epidemiólogo Pedro Gullón ha mostrado su incredulidad debido a que "pueda estar en el debate público todavía la posibilidad de pasaportes serológicos”. Esta cartilla puede ser un "generador de desigualdades y efectividad nula ante las dudas de la inmunidad”.

Contrarios a la medida

En una línea similar se ha manifestado Adrián Hugo, experto en medicina preventiva: "En la mitad de una tormenta de incertidumbre epistémica sobre la inmunidad, no parece la mejor idea del mundo intentar individualizar las medidas poblacionales de Prevención y Control y menos cuando no hay una forma de profilaxis voluntaria”.

"La Salud Pública fue la excusa para establecer cuarentenas draconianas a poblaciones vulnerables y discriminación en el acceso a puestos de trabajo y a la vida en sociedad, cuando no actos mucho más terribles", ha alertado.

El médico Javier Padilla ha calificado esta decisión como "disparate", además de advertir que va a suponer "un negociazo para las clínicas privadas, porque recordemos que no se hacen anticuerpos en la pública de forma rutinaria".

Poco aconsejable

A mediados de abril, en una entrevista en El Confidencial, el virólogo Andrea Crisanti definió la idea como "una estupidez sin precedentes. No lo aconsejamos. Ni siquiera sabemos si la respuesta inmunitaria protege contra el virus. Es absurdo hacer planes sobre algo así".

La Organización Mundial de Salud (OMS) tampoco consideró buena idea realizar estos certificados: "Actualmente no hay evidencia de que la gente que se ha recuperado de la COVID-19 y tenga anticuerpos esté protegida de una segunda infección". 

Salvador Illa, ministro de Sanidad, también se mostró en desacuerdo tal y como declaró en la rueda posterior al Consejo de Ministros: "Ningún organismo internacional, ni la OMS ni ningún documento que hemos elaborado contempla este tipo de medidas".

El factor ético

Debido a que este pasaporte podría suponer una estratificación social, hay un problema, tal y como aseguró Nigel McMillan, experto australiano en enfermedades infecciosas: "Existen serias preocupaciones de que los pasaportes de inmunidad puedan crear dos clases de ciudadanos y proporcionar un incentivo perverso para contraer el virus deliberadamente".

En esa línea se manifestó Alexandra McPhelan, de la Universidad de Georgetown: "Los pasaportes de inmunidad impondrían una restricción artificial sobre quién puede y quién no puede participar en actividades sociales, cívicas y económicas".