Madrid, Murcia y País Vasco se desmarcan del acuerdo para el desenlace del curso educativo

El consenso sobre cómo desarrollar el final del curso educativo tras las dificultades creadas por la pandemia del coronavirus se ha roto tras la negativa de algunas comunidades autónomas a cumplir varios puntos del documento aprobado. Es el caso de Madrid, Murcia y País Vasco, que discrepan en cuanto a la promoción general de los alumnos y la obtención de la titulación en 4º de ESO y 1º de Bachillerato a pesar de que se cuente con asignaturas suspensas.

La promoción general implica que todos los alumnos de infantil, primaria, secundaria, Formación Profesional y Bachillerato pasarán de curso, salvo casos excepcionales que "deberán estar muy bien argumentados", como explicó el miércoles en rueda de prensa la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. La nota final se decidirá según el rendimiento que haya tenido cada estudiante. Madrid y Murcia, ambas comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), no comparten este criterio de evaluación y además piden que el Gobierno fije un número máximo de asignaturas suspendidas para que los alumnos puedan finalizar el curso y pasar al siguiente.

El País vasco, por su parte, afirma que el desenlace del curso forma parte de sus competencias autonómicas y no comparte que se imponga una decisión global para todas las comunidades. Además, la consejería de Educación vasca asegura que se encuentra trabajando en un proyecto propio para la conclusión del año educativo. "En Euskadi tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo", dijo ayer la consejera de esta disciplina, Cristina Uriarte.

Castilla y León, Andalucía y Galicia siguen, pero con reparos

Mientras, Castilla y León, Andalucía y Galicia se mantienen dentro del acuerdo, pero han mostrado sus discrepancias en cuanto a la promoción general y a la titulación. Las comunidades que no suscriban el documento deberán aplicar lo que establece la ley educativa vigente y las normativas autonómicas, que podrán ser modificadas a causa de la pandemia.