Jalear una injusticia
Nunca antes en la lamentable historia del Comité de Integridad de la Federación, un invento inquisitorial y represor de Rubiales y compañía, se había jaleado públicamente una denuncia y sanción como se ha reclamado para Ancelotti. Hasta ahora, siempre que esta panda de fiscales de pacotilla se encelaban con un futbolista o un entrenador por sus quejas sobre un arbitraje, nos parecía a todos una vergüenza y un despropósito. Además de haber sido perjudicados en el campo, se les castigaba con dureza por unas declaraciones que de ninguna manera se podían tomar como un ataque al honor del árbitro, si acaso como una rabieta pasional en caliente. La redacción de la norma federativa, “la realización de declaraciones mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF, así como las que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados”, es propia de un régimen autoritario y dictatorial, de despachos donde huele a rancio y a Santo Oficio federativo.
Todas sus condenas fueron unánimemente protestadas, ¡pobre Gayá, qué sinrazón!, ¡pobre Álvaro Cervera, qué persecución!, ¡pobre Luis García Plaza, qué atropello!, pero resulta que a Ancelotti hay que sancionarlo duramente. La injusticia perpetrada en su día es ahora legitimada y validada por muchos para que no se sientan ofendidos los anteriormente castigados y, principalmente, para que no haya favor alguno con el entrenador del Madrid. Estas reacciones, provocadas por el odio y el resentimiento, no hacen sino legitimar un sistema represivo que defiende su incompetencia con mano dura.