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¿Puede tu banco leer los conceptos de tus transferencias por Bizum?

Las entidades bancarias están en su pleno derecho de analizar e investigar el contenido de las transacciones para evitar actividades fraudulentas.

El Bizum es uno de los instrumentos para realizar transacciones económicas con mayor auge en estos últimos años debido a la rapidez y eficacia de las operaciones. Esta herramienta creada por los bancos españoles alcanza los 17 millones de usuarios en nuestro país desde su lanzamiento en el verano de 2016.

Sin embargo, la imaginación de muchos ciudadanos a la hora de escribir los conceptos a través de sus transferencias vía Bizum ha provocado que los bancos en algunas situaciones hayan pedido explicaciones a estas personas. Sin ir más lejos, un usuario de Twitter denunció que su entidad bancaria rechazó una transacción económica con el concepto: "Armas para lucha santa en Siria". El mismo reconoce que desde la sucursal le indicaron que estas bromas pueden traer problemas con la Policía.

¿Es legal qué los bancos lean los conceptos?

La cuestión se centra en que, si los bancos tienen el pleno derecho judicial para poder leer y valorar los conceptos de las transferencias, aunque se trata de una conversación privada entre dos personas. Por ello, las entidades están en su plena facultad para poder analizar y comprobar todo aquello que tiene que ver con sus actividades económicas. "Todo lo que suene raro tiene que generar una alerta hay que realizar la llamada al cliente y comprobación del supuesto", según indica Jorge Morell Ramos, abogado especializado en derecho y tecnología.

Principalmente, los bancos realizan estos análisis con el objetivo de detectar una malapraxis que incluyan actividades ilegales y movimientos fraudulentos. También, en el caso de que las transacciones hagan sospechar a la entidad, los mismos tienen el derecho de poner el tema en manos de la Policía para una profundización mayor.

La plataforma Bizum no acepta este tipo de transacciones, ya que son perseguidas por el marco judicial, cuando se tratan de cuestiones con un carácter bromista sobre la financiación del terrorismo o blanqueamiento de capitales. En el caso más extremo, las entidades financieras tienen el pleno derecho de suspender la cuenta.