Vacuna o cárcel: la radical decisión de Filipinas

Muchos filipinos se muestran reacios a vacunarse contra la COVID-19 después de la controversia suscitada en 2016 con Dengvaxia, una vacuna contra el dengue promovida por el Gobierno entre la población infantil y de la que después se supo que podía tener efectos adversos graves. La farmacéutica francesa Sanofi reconoció en 2017 que el fármaco aumentaba el riesgo de desarrollar un dengue hemorrágico potencialmente mortal enpacientes que no habían sufrido la enfermedad anteriormente.

Como consecuencia, el Ejecutivo filipino suspendió la vacunación generalizada, pero se generó una desconfianza que dura hasta la actualidad. Reflejo de ello es que Filipinas apenas ha administrado 8,41 millones de dosis, según el portal Our World in Data. Esto significa que, hasta el momento, solo han completado la pauta de vacunación 2,1 millones de personas, de los casi 110 millones de habitantes que tiene el país.

La amenaza del Gobierno para alcanzar su objetivo

Las autoridades de Filipinas pretenden vacunar a 70 millones de personas antes de final de año, algo que parece una misión casi imposible si no aumenta el ritmo de vacunación. Por ello, el Gobierno ha tomado una drástica decisión para que los ciudadanos se vacunen.

El presidente del país, Rodrigo Duterte, ha amenazado con enviar a la cárcel a aquellas personas que rechacen inocularse el fármaco. "Si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y luego le aplicaré la vacuna en las nalgas", aseguró el lunes durante un discurso emitido en televisión y recogido por el portal de noticias Rappler. "Vacúnate o te encerraré en una celda", añadió. Justificó esta medida señalando a las personas no vacunadas como posibles "portadores" de la enfermedad.

Por ahora, la vacunación es voluntaria en Filipinas, pero el mandatario aseguró que buscará los resortes legales dentro de la ley de emergencia vigente para buscar la manera de obligar a la población a recibir la dosis del fármaco. Esta advertencia del presidente, quien insistió en que actuará "dentro de la legalidad", llega en un momento en el que el país se encuentra luchando contra un repunte de contagios. Desde el inicio de la pandemia, el país ha registrado 1,36 millones de casos y más de 23.600 muertos.