El rey emérito, Juan Carlos I, ha presentado una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal. Actualmente, dicho organismo se encuentra analizando el escrito para decidir si acepta la regularización o si por el contrario solicita aclaraciones y cuál es el importe a pagar, según ha publicado este domingo El País. El encargado de realizar el proceso ha sido el abogado del exmonarca, Javier Sánchez-Junco.

Según ha informado El País, la declaración presentada a Hacienda no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares. Estas tarjetas habrían tenido fondos opacos por parte del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, actualmente en investigación por arte de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Los reyes de España fuera del caso

Los reyes Felipe VI y Letizia no se encontrarían entre los parientes de la familia real que habrían utilizado estos fondos, según las fuentes consultadas por El País.

“El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando el rey emérito ya había abdicado y perdido la inviolabilidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel”, informa El País en su publicación.

El empresario mexicano y el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, ambos amigos del rey emérito, ya han sido interrogados por la Fiscalía, ya que disponían de las tarjetas para pagar regalos y gastos personales de Juan Carlos I y sus familiares.

La intención de Sánchez-Junco 

Con esta declaración voluntaria, el empresario de Juan Carlos I busca anular la investigación abierta sobre este asunto en la Fiscalía del Supremo. En estos momentos, Hacienda se encuentra analizando el escrito y tendrá que decidir en los próximos días si solicita más información.

Según expertos fiscales en testimonios para El País, “la declaración sobre los fondos de las tarjetas opacas deja pendiente la regularización de los posibles bienes y derechos que Juan Carlos I posea en el extranjero, al margen de los 65 millones transferidos a Corinna Larsen. Para regularizarlos, debería presentar una declaración modelo 720”.

El precio de esta regularización rondaría en torno al 50% del valor de los bienes y derechos. A esa cifra habría que sumarle un incremento del 20% por haber hecho la declaración fuera de tiempo, lo que supone intereses de demora, así como una sanción testimonial que rondaría en torno a los 1.500 euros.