Realizar test de detección del coronavirus a discreción supone un gasto de recursos innecesario y estéril. A ojos de la OMS, que viene diciendo que hay focalizar la detección en aquellos grupos de población que puedan ofrecer resultados interesantes, y Sanidad, que a través de una orden ministerial puso coto recientemente a las prácticas de algunas empresas privadas que realizaban los test previo pago de una cantidad en ocasiones bastante elevada.

Estas llegaron a realizar mil pruebas diarias, muchas a personas asintomáticas y con precios desde los 70 a más de 300 euros. Ofrecían resultados en un abanico entre los diez minutos y los cinco días. La orden publicada en el BOE estableció "la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de estas pruebas, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio".

Necesidad de prescripción

Y en documentos posteriores, como el de 'Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas', el ministerio ha establecido la necesidad de que sea un facultativo el que prescriba la realización de estas pruebas de detección.

"La Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que la indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente", reza el documento.