Según los datos oficiales, más de tres millones de personas están afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor, cuya motivación estaba expresamente ligada al estado de alarma decretado por el Gobierno. Por ello, su futuro depende de una eventual prórroga, que se debatirá mañana en el Congreso de los Diputados.

En caso de que finalmente no salga adelante, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, y bajo la supervisión de la vicepresidencia económica, está negociando con empresarios y sindicatos un cambio en la situación jurídica de los empleados.

Vital su prolongación

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, ha pedido "responsabilidad" a los grupos parlamentarios y ha asegurado que el estado de alarma "es el paraguas jurídico y mantenemos la idea de que no tiene por qué sucumbir en los próximos días. Si las soluciones finalmente fueran distintas, el Gobierno valoraría todas las opciones para evitar que repercutiera de manera negativa en empresas y trabajadores", aclaró.

Si el estado de alarma cae, también lo harían dichos ERTE, que deberían ser negociados y transformados en un nuevo expediente vinculado a otras causas. Por el momento, no existe ningún acuerdo, puesto que las condiciones no son las mismas que las de los expedientes por causas objetivas.

Diferencias

En caso de que no sean por causa de fuerza mayor, se debe iniciar un nuevo trámite, no se ahorrarán las cotizaciones a la Seguridad Social y los trabajadores no recibirán el paro con efecto retroactivo, como sucede actualmente.

Más de 5 millones de prestaciones

El pasado mes de abril, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó prestaciones por desempleo a 5.197.451 personas, un récord histórico al representar un incremento interanual del 136%. De ellas, casi tres millones y medio son afectados por ERTE, siendo el 90% por causas de fuerza mayor.