Japón, en estado de alerta: ¿qué supone esta medida en el país?

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha confirmado que va a declarar el estado de alerta sanitaria en el país debido al avance del coronavirus: suma ya 3.743 contagiados y 1.034 solo en Tokio, principal foco de contagio en el territorio nipón. Esta medida excepcional amplía las competencias de las autoridades, aunque, a diferencia de otros países, no obliga al confinamiento de sus ciudadanos.

El Ejecutivo nipón ha activado este recurso legislativo, que se denomina legalmente 'estado de emergencia' en Japón. Solo se utiliza para situaciones en las que una epidemia avanza rápidamente y supone un "impacto considerable" sobre la salud y las vidas de los habitantes, así como sobre la economía nacional.

Es la primera vez que se recurre a esta medida, desde que se instaurara la Constitución de 1947. El Gobierno de Abe ha tenido que reunir opiniones de expertos médicos y económicos que justifiquen su aplicación, además de contar con el apoyo de la oposición.

Hay que recordar que en Japón estaba previsto que se celebraran este verano los Juegos de 2020, que por la pandemia del coronavirus han sido aplazados a 2021 (del 23 de julio al 8 de agosto).

Los poderes 'limitados' del Gobierno japonés

Una vez declarado, el estado de alerta sanitaria concede a los gobiernos regionales el poder de "exigir" a sus ciudadanos permanecer en casa salvo para desplazamientos que sean absolutamente necesarios, así como ordenar el cierre de instalaciones públicas como escuelas, parques o centros deportivos.

La legislación nipona no contempla medidas legales para imponer el cumplimiento de las instrucciones de las autoridades, al contrario que las sanciones o las detenciones aplicadas a los que se saltan el confinamiento en otros países, como España.

Si alguna empresa o institución incumple las directrices, las autoridades podrían hacer públicos los nombres de sus responsables con el objetivo de forzarles a obedecer. En en última instancia, se les enviaría una directiva firmada por el primer ministro.

Asimismo, los gobiernos de las prefecturas japonesas tendrán la capacidad de requisar bienes considerados esenciales, como fármacos o equipamiento hospitalario. Además, de apropiarse temporalmente de terrenos e inmuebles particulares para dedicarlos a instalaciones médicas.

Las empresas energéticas y de transportes y la cadena estatal NHK son algunos de los "servicios públicos" que se han designado para distribuir bienes básicos y difundir la información de interés general.

Las primeras recomendaciones no funcionaron

Durante las últimas semanas, el Gobierno central y el de Tokio ya habían enviado algunas recomendaciones: practicar el trabajo a distancia, quedarse en casa "dentro de lo posible" y evitar las aglomeraciones. Pero no ha bastado para evitar una escalada de los contagios en la región de la capital y en otras zonas del país.

Cada día millones de trabajadores seguían abarrotando la red de transporte público y muchos ciudadanos seguían echándose a la calle durante los fines de semana pese a las primeras medidas de cierre de algunos lugares púbicos. Esto evidenciaba que se estaba haciendo un seguimiento irregular de esas directrices del Ejecutivo.

Japón confirmó su primer caso de COVID-10 el pasado 16 de enero. Desde entonces, el Gobierno del país asiático y los regionales han tratado de contener su propagación con medidas como el cierre de colegios, la cancelación de eventos multitudinarios y la recomendación de evitar muchedumbres. Sin embargo, no ha sido suficiente para que tras casi tres meses después de ese primer infectado, se declare el estado de alerta sanitaria.