La juez María Antonia de Torres se ha pronunciado sobre el caso Manzano y dice lo que dice: que no encuentra "conductas reprochables penalmente". Por supuesto. El doping, en España, no es delito, es una falta administrativa -por tanto, sin sanción penal- que corresponde juzgar a otras instituciones, las deportivas en este caso. Fue la Federación Española de Ciclismo quien, en lugar de resolver, trasladó la denuncia al juzgado en base a las declaraciones de Manzano por si el doping fuera una práctica generalizada en el ciclismo y por si se hubieran cometido delitos contra la salud pública. Una manera de lavarse las manos. Sobre lo primero la justicia no iba a pronunciarse; sobre lo segundo, ha pasado de puntillas.

Ha pasado de puntillas, porque el auto sólo hace mención a "anabolizantes que pueden ser adquiridos en farmacias", pero no menciona aquellos fármacos (EPO) que están reservados para uso hospitalario y que Manzano reconoció tener y administrarse "por prescripción del médico del equipo". El auto también sienta un precedente resbaladizo, pues deja las manos libres a los médicos para prescribir cualquier medicamento sin entrar en más consideraciones. De ahí la necesidad de esa ley antidoping, que tanto se retrasa, para llenar el vacío legal del que se aprovechan los druidas. Por cierto: no ha habido conductas reprochables penalmente, pero ¿y deportivas? La pelota vuelve a estar en el tejado de la Federación y del Consejo.