Todos estamos confundidos ante el proceso de los casos de doping que están apareciendo últimamente. El ciclista Santi Pérez dio positivo el pasado mes de octubre y no ha sido sancionado hasta el extremo de que el Fuenlabrada le ha hecho una oferta para que corra este año. El saltador Raúl Fernández dio positivo en mayo y amenaza con llevar a los tribunales a la Federación si le sancionan. La fondista Amaia Piedra dio positivo en junio y ya ha corrido este mes, después de que el Comité Superior de Disciplina Deportiva (CSDD) levantara su sanción cautelar. ¿Qué está ocurriendo? Pues ni más ni menos que Gurpegui, su abogado mejor dicho, mostró el camino a seguir para no hacer efectivas las sanciones.

La ley antidoping que tenemos, aprobada en 1996, es evidente que presenta fisuras. En cuanto un abogado avispado las encuentra, alarga el proceso indefinidamente. Inunda de alegaciones al instructor del caso, generalmente un abogado que trabaja a tiempo parcial, quien se ve obligado a solicitar la ampliación del plazo de un mes que tiene para resolver el expediente. Como la ley contempla que nadie puede estar sancionado cautelarmente por tiempo indefinido, el deportista recurre y el CSDD le levanta la suspensión. Pero si el laboratorio tarda un mes en comunicar el positivo, dos la federación en iniciar los expedientes y no se sabe cuántos en resolverlos, la verdad es que se lo estamos poniendo fácil a los tramposos.