Resulta que Manzano denuncia las atrocidades del doping y aquí no pasa nada; resulta que dos piragüistas denuncian que se les han suministrado sustancias dopantes y los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes (CSD) le despachan el caso a su presidente como un asunto de trámite para que dé el visto bueno al archivo del expediente. Y luego nos quejamos de que nos consideren un paraíso del doping. Pues claro. Si aquí ni siquiera nos creemos lo que dicen los deportistas confesos de doping. Aquí lo que hay es un doping de Estado, porque es el propio CSD quien a los dos días de abrir una investigación sobre el caso Manzano la cierra y quien considera un trámite la denuncia de los piragüistas.

Lissavetzky va a tener que emprender una tarea ardua, porque el enemigo está en su propia casa. Todo indica que hay personas del anterior equipo interesadas en tapar los trapos sucios. En esa casa muchos son los que saben y más aún los que callan. Lissavetzky va a encontrarse solo en su cruzada, pues cualquiera teme verse salpicado en cuanto ponga el ventilador en marcha. Empieza a convencerse de que el doping aparece en cuanto se hurga. Una sola cosa le anima: las redadas comienzan a mostrar su efectividad. Más de un centenar de detenciones son muchas detenciones. Lo malo es que son la prueba inequívoca de que el doping es una práctica generalizada en España. En contra de lo que digan las federaciones.