El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy la posibilidad de que las autonomías puedan solicitar la aplicación del estado de alarma en todo su territorio o en algunas zonas concretas sin necesidad de un decreto para todo el país. Sin embargo, ninguno de los dos artículos que dan sustento legal a la declaración del estado de alarma deja claro cómo se realizaría, y la ausencia de antecedentes provoca que, hoy por hoy, no esté clara la aplicación práctica de la medida aprobada por el Ejecutivo.

El estado de alarma está regulado por la Constitución y por la Ley Orgánica 4/1981. En el primer caso, el artículo 116.2 afirma que “será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”. Este último punto podría implicar que, en el caso de que algún Gobierno autonómico solicite el estado de alarma para su territorio, el Ejecutivo nacional sea quien apruebe el decreto.

En cuanto a la Ley Orgánica 4/1981, su artículo 5 contempla que, ante crisis sanitarias graves que “afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración del estado de alarma”. En su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Pedro Sánchez ha explicado que, si una comunidad solicita la aplicación del estado de alarma, será el presidente autonómico quien asuma el mando único y tenga que explicar en el Congreso de los Diputados esta petición. Sin embargo, y de momento, no queda claro cómo se hará.

Críticas en las autonomías no socialistas

La propuesta del presidente Pedro Sánchez ha sido recibida con críticas por parte de aquellas comunidades en las que no gobierna el PSOE. “Se ha pasado de la intervención absoluta, en donde las comunidades autónomas no tenían nada que decir, al desentendimiento y que todo se deje en manos de las comunidades”, ha declarado Alfonso Rueda, vicepresidente en funciones de la Xunta de Galicia, quien ha pedido al Gobierno coordinación.

Por su parte, el Gobierno de Cataluña ha mostrado también su disconformidad con la posibilidad. Alba Vergés, consellera de Salud, ha calificado la propuesta del Ejecutivo de coalición de innecesaria, y ha defendido la aplicación del plan de emergencia que elaboró el Govern cuando empezó la pandemia. Finalmente, el País Vasco ha afirmado que prefiere que se mantenga la coordinación y la comunicación permanente entre ambos Gobiernos, y que no es necesario nada más por el momento.