Prácticamente, el uso de la mascarilla es obligatorio en toda España. Cada día, son más Gobiernos autonómicos los que determinan que este elemento de protección es indispensable para evitar una mayor propagación de la enfermedad. Aunque por el momento, existen dos que no han impuesto su obligatoriedad: Madrid y las Islas Canarias.

Esta semana, tanto la capital como Canarias descartaron sumarse a la medida. Ambas entienden que la situación epidemiológica en sus territorios está controlada con la mera recomendación de la utilización de la mascarilla. Aunque eso sí, no han descartado modificar esta decisión si en el futuro la evolución empeora.

Multas

Pese a que no es obligatorio su uso, la policía local de Valencia sí ha multado a algunas personas por no llevarla en situaciones que sí es indispensable, como en comercios o siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad.

Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, ha subrayado que "la mascarilla es el cinturón de seguridad que nos protege frente a la COVID-19. Su uso es fundamental para evitar rebrotes".

Otros casos recientes

Este sábado,la consellera de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, ha decretado, a través de una rueda de prensa, el uso obligatorio de las mascarillas en todo el territorio, pues el número de brotes activos en la región es ya de 20. Esta medida se aplicará en la vía pública, en espacios abiertos o cerrados de uso público, aunque también se recomienda en espacios privados "cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia interpersonal".

Castilla La Mancha todavía no ha incorporado la obligatoriedad de forma oficial, aunque sí han anunciado sus gobernantes que la medida entrará en vigor el próximo martes 21 de julio. Mientras, en Ceuta se aprobará la semana que viene, en Melilla comenzará a partir del lunes y en Castilla y León tocará lo propio a partir de este sábado 18 de julio.

La primera comunidad que decidió imponer su utilización fue Cataluña, que lo hizo el 8 de julio. Las condiciones regulaban que se debía usar a partir de los 6 años, en el transporte público, en la vía pública, al aire libre y en espacios públicos ya fueran abiertos o cerrados.