Se calcula que cerca de cuatro millones de personas se verán afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a causa de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Como es definido en el artículo 57 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, un ERTE es “una suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor".

Está estipulado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se haga cargo del pago de la prestación por desempleo equivalente al 70% de la base reguladora de estos trabajadores, lo que implica que esta institución sea considerada como un segundo pagador. El primero es la empresa en la que desempeña su labor el trabajador. Las personas que se encuentren en esta situación deben tener en cuenta que tendrán que presentar la declaración de la renta cuando cobren un mínimo de 14.000 euros y la cantidad abonada por el segundo pagador supere los 1.500.

Se estima que hay dos o más pagadores cuando el trabajador percibe su salario de dos instituciones que cuentan con números de identificación fiscal (NIF) diferentes. Y, de cara a las obligaciones con Hacienda, se considera que la Seguridad Social es un pagador como cualquier otro organismo.

El trabajador continúa cotizando

Durante un ERTE, el trabajador continúa cotizando como antes de verse sujeto a esta medida. Además, el empleado no está obligado a realizar ningún trámite para poder acceder a la prestación que le corresponde, ya que es la empresa la encargada de comunicar qué trabajadores se ven afectados por el ERTE. La prestación máxima que puede recibir un empleado asciende a 1.098,09 euros, aunque varía en función de si se tiene familia. En el caso de tener un hijo a cargo, asciende a los 1.254 euros, mientras que si se tienen dos o más, la cifra se incrementa hasta los 1.411 euros mensuales.