Encarrilado ya el operativo para poner de nuevo en marcha LaLiga, el deporte español se enfrenta ahora a otro inquietante mar de fondo: la discusión sobre cuándo deben celebrarse las elecciones a presidencias de federación. La norma es cada cuatro años, con los ciclos olímpicos. Las no olímpicas o las olímpicas que no se hayan clasificado para los JJ OO inminentes, las venían haciendo preferentemente antes de ellos. Las que sí participan en los JJ OO las hacían, con toda lógica, después. Una batalla electoral a pocos meses de la gran cita no se consideraba buena para nadie. En todo caso, eran cada cuatro años. Cada ciclo olímpico.

Pero el diablo del coronavirus se ha colado por medio, empujando los JJ OO de Tokio un año más. ¿Y ahora? El CSD pretende que se hagan respetando el plazo de cuatro años. El COE y la mayoría de las federaciones clasificadas para Tokio prefieren adaptarse al ciclo olímpico, a fin de evitar alteraciones antes de la nueva cita en Tokio. Puede haber campañas duras, puede haber impugnaciones, retrasos. Puede ocurrir que presidentes nuevos caigan en la tentación de alborotar el plan de preparación, incluso de cambiar técnicos. Y aun en el mejor de los casos, cada federación estará en manos de una gestora en unos meses críticos.

El COI recomienda que, ante la anomalía del ciclo olímpico, se respete la autonomía de las federaciones. Me temo que habrá conflicto. Irene Lozano está crecida tras el apaño que hizo entre Tebas y Rubiales, y temo que no dará fácilmente su brazo a torcer. Ya dio firmes muestras de arbitrariedad y autoritarismo al adelantar las elecciones del fútbol contra el informe de dos TAD, el que había cuando llegó y el que nació de la renovación que ella misma impuso. Ahora la disputa será si las federaciones son organismos públicos o lo que son: entidades privadas con funciones públicas delegadas. Auditables, pero autónomas en su funcionamiento.