En estos días estaba prevista la celebración en Turín del Energy for Swim, un mitin que iba a repartir suculentos premios a los nadadores más ilustres, entre ellos a Katinka Hosszu y Chad Le Clos, nombrados el pasado domingo como los mejores del año por la FINA. A los mandos estaba el multimillonario ucranio Konstantin Grigorishin, que financia la recién nacida International Swimming League (ISL), una liga que iba a promover eventos por todo el mundo. La Federación Internacional vio el peligro de perder la tarta y prohibió la participación de los nadadores en una competición que está fuera de su tutela, bajo la amenaza de excluirlos de los Juegos Olímpicos. Los deportistas han denunciado a la FINA por incumplir la ley antimonopolio. Y la FINA ha respondido con la creación de un torneo con mayores premios: la Champions Swim Series.

Detrás de estos movimientos late el pulso, acentuado últimamente, de las federaciones internacionales contra organismos privados por dominar sus disciplinas. Lo vemos también con los conflictos entre la ITF y la ATP por la Copa Davis o entre la FIBA y la Euroliga por las Ventanas. Natación, tenis, baloncesto… En el fondo está en juego el modelo del deporte. Ya ha habido sentencias a favor de su liberalización, como la que dio la razón en la Comisión Europea a los patinadores Tuitert y Kerstholt para competir en pruebas fuera del paraguas de la ISU. Estas decisiones ponen en jaque a las federaciones, que cada vez pierden más el control de su negocio. Uno de sus argumentos, coherente, es plantear quién va a formar a los deportistas en la base si el organizador privado toma el poder. Un debate con mucha miga.