Continúa el pulso entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central. Este sábado, la Junta ignoró el rechazo del Gobierno y publicó las nuevas medidas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), manteniendo su decisión de adelantar el toque de queda a las 20:00 desde ese mismo día. El vicepresidente autonómico y portavoz, Francisco Igea, defendió que este horario es legal porque está permitido limitar el toque de queda durante el horario nocturno “y el horario nocturno es, según nuestros servicios jurídicos, desde el ocaso hasta el amanecer. En este momento a las 20:00 horas es el ocaso”.

Pero el Ejecutivo no está de acuerdo con este argumento y, en consecuencia, ha pedido este domingo a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para anular este toque de queda, ya que vulnera el Real Decreto 926/2020, que, al declarar el Estado de alarma, determinó que debía establecerse entre las 23:00 y las 06:00 horas, permitiendo únicamente que “la autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas”.

Al fijar Castilla y León como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el Gobierno asegura que el acuerdo “infringe nítidamente” la regulación mencionada, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de “modulación” que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2020 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2020 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación “comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no, como es el caso, de intensificarlas o agravarlas”. Para el Ejecutivo, se trata, en consecuencia, de “una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma definido en el Real Decreto 926/2020”.

Respuesta el presidente castellanoleonés

Las respuestas a esta noticia apenas han tardado en aparecer. Ha sido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien lamenta "que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso la acción de la Junta, que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el año a la economía".

Además, afirma que "deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia".

Illa se mostró dispuesto a valorar un adelanto de horario

Este sábado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció ante los medios para evaluar la situación epidemiológica de España y explicar las herramientas para luchar contra la pandemia. En esta línea, descartó el confinamiento domiciliario, pero aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a adelantar el toque de queda: “Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo”. El ministro insistió en que el Gobierno “nunca se ha negado a escuchar y a valorar esta posibilidad", pero que es necesario hacerlo “con las máximas garantías jurídicas cuando afecta a limitación de derechos fundamentales”.

“El Gobierno de España siempre va a estar a favor de cualquier medida que sea eficaz para doblegar la tercera ola. Ahora bien, todas las medidas se tienen que adoptar con la adecuada cobertura legal”, explicó, antes de asegurar que está en permanente contacto con los gobiernos autonómicos: “Vamos a ejercer este liderazgo compartido, estoy en diálogo con las comunidades autónomas, las vamos a seguir escuchando”.