En las últimas horas, se ha formado mucha polémica en torno a la privatización de los rastreadores en la Comunidad de Madrid donde la propia comunidad ha adjudicado al grupo Quirón la potestad para incorporar a 22 rastreadores por un periodo de tres meses para la detección de contactos estrechos de la COVID-19. Unos contratos que suponen un importe de casi 200.000 euros.

Tras esta última decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, han sido varios los profesionales de la Salud Pública los que han mostrado su preocupación y desacuerdo con la iniciativa de la Comunidad de Madrid. El Huffington Post recoge las declaraciones de varios expertos quienes coinciden que la privatización del rastreo en Madrid “es un despropósito”.

Adrián Hugo Aginagalde explica para el diario online que el modelo por el que ha optado Madrid no es el ideal y defiende que: “La situación requiere una movilización de efectivos y hay tres fórmulas para hacerlo: la reorganización de la fuerza de trabajo existente, que ya se está haciendo; la incorporación de fuerza de trabajo con bolsas ya existentes; y la tercera fórmula, que consiste en buscar esto fuera”.

En cuanto a la contratación de los 22 rastreadores: “Veintidós personas es una cifra muy baja, es muy llamativo. Con la fuerza de trabajo propia, deberían poder conseguir esos efectivos. No sé si es un sistema escalonado, donde a medida que se vayan incrementando los casos irán haciendo más contrataciones, pero reconozco que me parecen insuficientes”, explica.

Por otro lado, Javier Padilla, médico de familia y experto en Salud Pública, establece que “Con 22 personas no vamos a ninguna parte. Si la situación epidemiológica se pone mal, y teniendo en cuenta que la atención primaria no tiene capacidad de rastreo al estar saturada, necesitaríamos unas 1.000 o 1.300 personas en total, con las que habría un rastreador por cada 5.000 habitantes. Y está claro que a eso no llegamos”.

“Además, se ha optado por contratar a auxiliares de enfermería, porque son más baratas, en lugar de a enfermeras, que ya tienen algo de formación específica en labores de rastreo. Todo esto es un disparate”, declara Padilla.

Tiempo para la formación

Aginagalde también expone sus quejas en cuanto a la excusa de Madrid de no haber tenido tiempo para la formación de los rastreadores: “La formación se puede hacer en una semana. Lo hemos hecho en el País Vasco y lo estamos haciendo en Cantabria”, asegura.

“La clave es una formación en cascada, en la que primero se prepara a los profesionales que serán formadores, quienes luego irán enseñando a nuevos rastreadores. El modelo en cascada funciona”, afirma Aginagalde.

Padilla, de acuerdo con el anterior experto, no entiende los argumentos de la Comunidad de Madrid sobre la falta de tiempo para la formación de rastreadores: “Parece una broma. Una persona lega en la materia probablemente sólo necesita un curso de 20 horas para hacer labores de rastreo. Hasta la plataforma de educación virtual Coursera tiene un curso de ‘COVID contact tracing’. Ahora mismo todo el mundo está haciendo estos cursos sin esgrimir que no les da tiempo”, declara.