El Ministerio de Educación ya tiene un acuerdo con las comunidades autónomas para establecer las condiciones que regirán la educación española en la 'nueva normalidad'. Con todas menos dos, Madrid y el País Vasco, que rechazaron adherirse según aseguró la titular de la cartera, Isabel Celaá, en una comparecencia este jueves.

Celáa habló de "dos nuevos programas de educación territorial que permitan dar respuesta rápida a los problemas que se han dado". Uno será para mejorar la dotación de equipamiento tecnológico para los centros y su alumnado y contará con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Otro irá enfocado a la recuperación y el refuerzo del alumnado y los centros que han tenido más dificultades y mayor vulnerabilidad durante esta crisis sanitaria.

Un documento de 14 puntos

El "documento base" que han acordado Educación y las comunidades consta de 14 puntos y está abierto a nuevas "aportaciones" según la ministra. Establece que el curso 20/21 comenzará en las fechas habituales de septiembre y seguirá unas pautas temporales similares a otros cursos académicos. En ese sentido, "habrá que cuidar el cumplimiento del mínimo de 175 jornadas lectivas legalmente establecido, adecuándolo a las características de cada centro".

La actividad presencial se adoptará como principio general de cara al próximo curso. Los centros adaptarán, en todas las etapas y enseñanzas, sus programaciones didácticas para el próximo curso en el marco de lo que establezcan al respecto las administraciones educativas, con el objetivo de recuperar los aprendizajes y contenidos no alcanzados. Habrá planes de seguimiento para el alumnado que experimente mayores dificultades en las circunstancias actuales.

Se fomentará el trabajo colaborativo entre los docentes para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas circunstancias. En el inicio y desarrollo del próximo curso las administraciones educativas seguirán las indicaciones sanitarias de las autoridades regionales y estatales. Estas administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de prevención de riesgos laborales para adoptar las medidas más aconsejables en el desarrollo de las actividades y proporcionarán a los docentes toda la formación necesaria acerca de los requisitos higiénicos y sanitarios establecidos y del uso de las instalaciones en condiciones de seguridad.

Para el inicio del siguiente curso, se elaborará un plan que establezca la organización de cada centro que mejor se adapta a las condiciones de la nueva normalidad y los planes de contingencia necesarios para hacer frente a posibles eventualidades. Se tomarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer servicios complementarios de comedor y transporte en condiciones de seguridad.

Reducir la brecha digital

En cuanto a la brecha digital entre alumnos con dispositivos tecnológicos a su disposición y aquellos que carecen de acceso a esos medios, uno de los problemas que han aflorado durante la pandemia, se buscará la reducción de ese cisma y la limitación de sus consecuencias. Por último, el Ministerio de Educación y las consejerías autonómicas colaborarán para la adopción y la oferta de recursos en el refuerzo de la competencia digital y pondrán en marcha programas de cooperación territorial orientados a dar respuesta a la nueva situación.

"Estamos determinados a seguir con la formación online, desarrollando todo lo que se ha avanzado en el curso. Queremos poner en valor la presencialidad. La digitalización es un referente, y vamos a trabajar en ello, pero estará como medida subsidiaria. Ahora tenemos que apostar por la presencialidad", afirmó Celaá respecto a los centros universitarios. "Hemos querido acordarla de manera amplia y, por eso mismo, está en tramitación. Empezó antes de la pandemia, ha tenido 7 ampliaciones de plazo y, obviamente, hemos querido conseguir la mejor ley posible votada por todos en el Congreso de los Diputados", añadió en referencia a la nueva ley de educación que el Gobierno pretende aprobar.