Las escuelas y universidades italianas echarán el cerrojo hasta septiembre. Una medida que se venía mascullando y que ha acabado por darle visos de oficialidad el primer ministro de país, Giuseppe Conte, en una entrevista con el diario La Repubblica de este modo: "La escuela está en el centro de nuestros pensamientos y reabrirá en septiembre".

Por tanto, se deberá proseguir hasta el final del curso con esta docencia virtual obligada que se decretó el pasado 4 de marzo con la clausura de aulas, y que tenía como fecha de caducidad cifrada, en caso de previsión optimista, el 18 de mayo. Cuatro semanas antes de la finalización del curso.

Debido a la ralentización prevista de la mejora por la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, el Ejecutivo ha decidido no esperar, y prefiriendo pecar de cauto y previsor, avanzar esta decisión motivada por los "riesgos muy elevados de contagio" en caso de reapertura. "Está en juego la salud de nuestros hijos, sin descuidar que la edad media del personal docente está entre las más altas de Europa", recalcaba Conte.

Promoción automática, ayuda estatal para niñeras, recuperación del curso...

De esta manera, y como se tenía previsto en caso de formalizar dicho supuesto, todos los estudiantes pasarán de curso automáticamente con el fin de poder terminar con éxito el año escolar 2019-2020. Asimismo, se recuperará el programa escolar paralelamente al desarrollo del nuevo curso.

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Otro de los interrogantes que trató de despejar el presidente del gobierno del país fue el de qué harán los padres trabajadores que no pueden delegar el cuidado de sus hijos a nadie, para los que confirmó permisos extraordinarios y también ayudas para pagar niñeras.

Aún no puede asegurar plena libertad de movimiento

Al igual que en el resto de gobiernos europeos, Giusseppe Conte confirmó que el Ejecutivo italiano trabaja en el plan de desescalada, fechado para su comienzo el próximo 4 de mayo y que presentará con brevedad a su nación. No entró en detalles concretos sobre el mismo, pero sí avanzó el uso obligatorio de mascarillas, para las que ha firmado un acuerdo estatal con dos empresas para una fabricación masiva, y una fijación en el precio de estas, con tal de cortar de raíz la especulación. También comenzarán con los test serológicos.

Además, fue rotundo: "No estamos todavía en las condiciones de reestablecer una plena libertad de movimiento, pero estamos estudiando una reducción de las normas actuales más rígidas", afirmó, para tratar de rebajar la cierta euforia debido a la disminución de contagios y fallecidos de los últimos días. Todavía ayer había más de 2.300 nuevos casos de coronavirus y 415 personas fallecieron contagiadas, con una cifra total de muertes de 26.384.

Del mismo modo, ha deslizado una "revisión" de las distancias actuales de seguridad, que "no se eliminarán", y que empresas consideradas estratégicas podrán comenzar a reanudar su actividad con el fin de reactivar paulatinamente la economía.