El Gobierno está atento a lo que se dice en las redes sociales. Así lo ha reconocido hoy Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior: "Se está haciendo una monitorización de las redes sociales con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos, así como con las campañas de desinformación", afirmó.

El ministro también quiso aclarar que "son las propias plataformas, siguiendo sus protocolos de actuación, las que acuerdan la retirada, no es el Gobierno, ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

La explicación del ministro viene tras la alerta que dio la Policía el pasado domingo, en la que afirmaba que habían sido detectadas 1,5 millones de cuentas en estas plataformas cuyo uso estaba destinado a "manipular o a crear contenido spam", así como para desprestigiar a las instituciones del Estado.

"Tenemos que ser conscientes que la responsabilidad en la difusión de estos mensajes falsos es de todos. No debemos contribuir a convertirlo en viral, ya que si no participamos en esas cadenas de desinformación evitaremos ser víctimas de su manipulación", declaró José García Molina, subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional.

Limitación en Whatsapp

Una de las primeras medidas para evitar la proliferación de bulos surgió por parte de Whatsapp. La aplicación de mensajería ha limitado a cinco contactos el reenvío de mensajes. Con esta medida, lo que busca principalmente es frenar la desinformación que se pueda producir a través de las llamadas 'fake news'.

Al hilo de esta medida, y para desmentir una supuesta conspiración por parte del Gobierno para controlar los mensajes críticos, Grande Marlaska también quiso aclarar que "la crítica es la base del Estado de Derecho. Nos enriquece y nos fortalece a todos, no hay ninguna limitación a la crítica", sentenció.