Al circo olímpico de Tokio le crecen los enanos. En pleno reajuste organizativo por el aplazamiento de sus Juegos a 2021, Reuters ha revelado nuevos datos que amplían el cerco de sospechas de corrupción en torno a la elección de la capital japonesa como sede. Ahora las pistas conducen a un empresario, Haruyuki Takahashi, que recibió dinero del comité organizador para seducir a los votantes. Una ramificación del caso que obligó a dimitir hace un año y medio a Tsunekazu Takeda, uno de los mayores artífices de Tokio 2020, de sus cargos como presidente del Comité Olímpico de Japón y como miembro del COI. La trama contiene semejanzas con la operación que acabó con la condena en 2019 de Carlos Arthur Nuzman, su homólogo en el Comité Olímpico de Brasil, por corrupción electoral durante el proceso de asignación de los Juegos de Río 2016. Por esas fechas, el exgobernador del estado carioca Sergio Cabral ya estaba en la cárcel, con varias causas pendientes. Las dos sedes olímpicas quedan así emborronadas, cuando ya no hay marcha atrás en su adjudicación.

Tokio y Río de Janeiro tienen otros dos nexos. Uno es la presencia de Lamine Diack, expresidente de la IAAF y exmiembro COI, y su hijo Papa Massata Diack, como receptores de los sobornos para pescar votos en África. Ambos están procesados en Francia por estos y otros casos, como el cobro por encubrir el dopaje de Rusia. El otro vínculo es que las dos cerraron el camino a Madrid. La capital española tiene problemas mayores que su aspiración olímpica, y el IFEMA donde iban a celebrarse varios deportes ahora es un hospital contra el COVID-19. Pero ahí queda la sombra. Y también una explicación de por qué ciudades con peor evaluación fueron elegidas. El COI ha tenido que designar después a París 2024 y Los Ángeles 2028 a dedo por falta de candidatas. Cuestión de credibilidad.