La Agencia Mundial Antidopaje extrajo 24 terabytes de información de los ordenadores del Laboratorio de Moscú en el pasado enero, el equivalente a 400.000 horas de música. Tenía que haberla recopilado antes del 31 de diciembre, pero las autoridades rusas se hicieron las remolonas. El clamor internacional fue tan grande ante esta pasividad, que Rusia tuvo que rectificar y permitir el acceso del comité independiente de la AMA, que ya por entonces avisó de “las graves consecuencias” si encontraban alguna manipulación de los datos durante ese periodo de dilatación. Por aquellas fechas, la Agencia había levantado el castigo, con la complicidad del COI, bajo la condición de que Rusia demostrara la buena voluntad de destapar la verdad. Los dos estamentos consideraban suficiente penitencia que se hubiera quedado parcialmente fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Pyeongchang 2018, después de la publicación del demoledor Informe McLaren, que denunciaba que “más de 1.000 rusos de 30 deportes” se beneficiaron de un sistema de dopaje de Estado.

El caso, sin embargo, ha vuelto a la casilla de salida. El comité de revisión ha detectado datos falsificados en aquellos ordenadores de Moscú y no ha recibido las explicaciones satisfactorias a las 31 preguntas aclaratorias que trasladó a la RUSADA, por lo que acaba de proponer una sanción de cuatro años, que dejaría a Rusia fuera de Tokio 2020 y Pekín 2022, y sin capacidad de organizar eventos. Advierte, eso sí, que los deportistas que demuestren su inocencia podrían competir con bandera neutral, lo que ya ocurrió en los Juegos de Invierno, o sucede en los Mundiales de Atletismo. La solución se conocerá el 9 de diciembre en París, pero Rusia se teme lo peor. Y quizá eso sea lo mejor para cerrar por fin un caso que siempre se ha resuelto a medias y que lleva camino de eternizarse.