Madrid aspira a organizar los Juegos Olímpicos de 2012. Su candidatura es una cuestión de Estado. El próximo mes tiene que pasar el corte, y si lo pasa irá a la votación final el próximo año. No sé si las autoridades competentes se dan cuenta de la importancia que tiene atajar con contundencia y rapidez las sospechas, ya confirmadas, de que España es un paraíso del doping. Un paraíso, porque nos hemos quedado solos por no tomar las medidas para combatirlo. El doping no era, no es, un problema exclusivo de España. Lo era también de Francia, de Italia, pero estos países supieron reaccionar y aprobaron una ley para hacerle frente con mayor eficacia.

Francia no dudó en hacer tambalear su competición más representativa: el Tour. Italia no dudó en cerrar su laboratorio antidoping más prestigioso: el de Roma. En España ya existen pruebas de que el doping se extiende como una plaga y lo que hizo Gómez Angulo fue paralizar la comisión de investigación y meter la zorra a cuidar el gallinero al encargársela a la Federación de Ciclismo. Fuera se carcajean de nosotros. ¿Vamos a organizar en estas condiciones los Juegos de 2012? Rotundamente, no. La batalla del Comité Olímpico Internacional (COI) es cercar el doping y no le van a dar los Juegos al país que lo que hace es abrir la cerca.

Con qué credibilidad nos presentaremos a la votación cuando, escrito está en el cuestionario presentado a todos los miembros del COI, que España "combate el dopaje con una exhaustiva regulación contenida en el título IX de la Ley del Deporte" y que "para el cumplimiento de estas normas existe una estructura especializada formada por la Comisión Nacional Antidopaje", además de presumir de un laboratorio "que ha mantenido permanentemente su calificación". Pues la regulación es insuficiente, la Comisión la frenó el propio secretario de Estado en funciones y del laboratorio se ríen cientos de deportistas que mandan allí sus muestras.