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OSASUNA

Osasuna, condenada a pagar 1,2 millones a Gallego por rescindir su contrato

El club rompió unilateralmente el contrato del jugador en 2021, aunque le quedaba un año, en el que debía percibir 1,4 millones. No quiso salir al Eibar

Actualizado a
Enric Gallego, delantero del CD Tenerife.

La titular del Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona ha estimado la demanda de Enric Gallego (Barcelona, 12 de septiembre de 1986) frente a Osasuna y ha condenado al club rojillo a pagarle una indemnización de 1.238.171,97 euros por la improcedencia del despido y la temporada que le quedaba por cumplir en la entidad navarra. Ésta ha interpuesto un recurso de aclaración sobre un extremo del fallo de la sentencia y a continuación presentará recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En la sentencia, tras el juicio celebrado el 29 de julio, Gallego exigía cobrar el importe íntegro de la temporada que le restaba con Osasuna hasta el 30 de junio de 2022. Y la jueza estima su demanda al entender que el contrato que le firmó Osasuna ya contenía una cláusula por la que, en caso de que se extinguiera la relación contractual por parte de la entidad antes de que su contrato terminara, se debía abonar el salario total que le correspondería hasta el fin de su vinculación con Osasuna. El club rescindió unilateralmente el contrato del jugador el 12 de agosto de 2021 después de que este no aceptara marcharse cedido al Eibar y apenas diez días después firmó un nuevo compromiso, con el Tenerife. La causa que motivó su despido, según expone la sentencia, es que el cuerpo técnico que actualmente dirige el equipo no cuenta con la prestación de sus servicios.

La resolución recuerda que Osasuna firmó con el Getafe en enero de 2020 un acuerdo de cesión para las temporadas 2019-20, 2020-21 y 202 -22. Dicho acuerdo contenía una opción obligatoria de compra, vinculada a que al finalizar la primera temporada, Osasuna mantuviera la categoría en Primera, algo que finalmente se cumplió. Osasuna desembolsó dos millones de euros para adquirir al delantero, con el que firmó un contrato por dos temporadas. Para la temporada 2021-22 se abonarían 1,4 millones, repartidos en 12 pagos, es decir, 116.666,66 euros brutos al mes y, a su vez, el futbolista y el club tenían pactadas diversas primas por objetivos.

La indemnización reclamada por el ahora jugador del Tenerife se corresponde con los 10,5 meses de salario que habría dejado de percibir el jugador entre el 12 de agosto de 2021 y el 30 de junio de 2022. En el mes de julio y los primeros 12 días de agosto de 2021 anteriores al despido, el demandante reclamó las cantidades pendientes a través de la Comisión Mixta de la Liga. Así ya se le abonaron 136.828,03 euros brutos en vía administrativa por Osasuna en diciembre de 2021. Osasuna se oponía a dicha indemnización. Argumenta que el salario bruto en la isla, de 500.000, habría que descontarlo de la indemnización que le reclama a Osasuna. También argumenta que se le explicó que no contaba para el entrenador y se ofreció al jugador la continuidad con otros equipos garantizándole en todo momento su ficha. “Tras dos meses y medio de negociaciones, el futbolista no accedió a la cesión al Eibar, por lo que Osasuna decidió su cese, conociendo con posterioridad que el jugador estaba negociando en paralelo y en secreto con el Tenerife”, argumenta la defensa de la entidad rojilla. “El futbolista no tuvo ningún perjuicio económico en la temporada 2021-22, toda vez que continuó jugando sin solución de continuidad, al ficharle el Tenerife de inmediato. Por ello su rescisión contractual ni le perjudica profesional ni económicamente”.

La jueza acude a la jurisprudencia del Supremo y entiende que para el supuesto de despido de un deportista profesional “solo caben dos casos: que exista pacto expreso entre las partes por la cuantía de la indemnización para el caso de despido improcedente, con lo que la indemnización pactada será automática. O el supuesto de que no existiese pacto expreso”. En el caso de Gallego y Osasuna sí lo había para indemnizarle, que es a lo que se agarra la jueza para estimar su demanda y por lo que resulta además imposible que se reduzcan sus pretensiones pese al medio millón que cobró del Tenerife en la misma temporada que le rescindió Osasuna.

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