¿Qué pasa si los padres se niegan a llevar a sus hijos al colegio? ¿Hay sanciones?

Queda aproximadamente una semana para el inicio del curso escolar en España, y la incertidumbre sobre su desarrollo ante el empeoramiento de la situación sanitaria es máxima. Las comunidades autónomas han puesto en marcha protocolos para la vuelta a las aulas, aunque aún no tienen claro qué tipo de formación seguirán. Ante el actual panorama, muchos padres se muestran reacios a llevar a sus hijos a los centros escolares por el riesgo de contagio, y trabajan junto con las asociaciones en buscar una solución legal para evitar que se activen los protocolos de absentismo escolar, que pueden desembocar en penas de hasta siete años de prisión.

En España, es legal no llevar a los hijos al colegio hasta los seis años, edad en la que la educación pasa a ser obligatoria. A partir de ahí, cualquier ausencia debe estar debidamente justificada, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha advertido de que esta situación no es una excepción a este respeto. Si no se justifica, se arriesgan al inicio de una serie de trámites legales que pueden tener graves consecuencias para ellos. “Si todo sigue igual, el proceso es el siguiente: el profesor da parte al colegio y se forma una comisión de absentismo. A partir de ahí, se analiza el caso en concreto: se mira cuál es el entorno de las familias, por qué no acude a clase, y se informa a los ayuntamientos o a los servicios sociales”, declara Maricarmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos (FAPA).

El objetivo es que se pueda presentar algún tipo de documento con garantías jurídicas que permita justificar la ausencia del alumno, ya que cada caso tiene unas particularidades especiales, ante la posibilidad de que haya personas de alto riesgo que tengan una relación frecuente con los menores. En Asturias ya se ha intentado, con la obligación de que las familias firmen una declaración responsable en la que se comprometan a no llevar a sus hijos al colegio si tienen fiebre u otros síntomas compatibles con la COVID-19. Esta solución ha provocado ya numerosas críticas, tanto entre las asociaciones de padres, que afirman que es muy difícil detectar los casos ante el elevado número de asintomáticos, como entre los propios centros, que acusan al Gobierno regional de hacerlo para justificar que no se practiquen test masivos.

Celaá comparecerá el jueves en el Congreso de los Diputados

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, comparecerá a petición propia este jueves en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para informar sobre el inicio del curso escolar y la situación sanitaria que afectará al regreso a las aulas. Celaá presidirá ese mismo día la Comisión Sectorial conjunta de Educación y Sanidad, en la que participarán también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de Educación regionales, para ultimar los detalles de la vuelta a las aulas.

En su intervención, la ministra responderá a muchas de las críticas que ha recibido al respecto del regreso de las clases, y después de que el PP y Vox pidieran su comparecencia. Antes de que Celaá acuda al Congreso, el Ministerio de Educación ha reiterado los consejos que detalló en junio en su guía de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para los centros educativos.