El ‘caso Festina’ cambió la orientación de la lucha antidopaje. La redada policial durante el Tour de 1998 demostró que eran necesarias más herramientas que los controles clásicos para desactivar a los tramposos. De aquella evidencia nació la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tutelada por el Comité Olímpico Internacional (COI), con la misión de coordinar a las federaciones internacionales con los gobiernos, de unificar los reglamentos, de armonizar políticas, de combinar las investigaciones judiciales con las sanciones deportivas. Un marco jurídico con carácter global arropado por la Convención de la UNESCO que ha sido ratificada por 190 países. EE UU es uno de ellos. Las reglas son iguales para todos los firmantes. Y hasta las legislaciones locales tienen que estar en consonancia.

Estados Unidos ha dado ahora un paso más. Por primera vez, un país se ha arrogado una jurisdicción penal sobre delitos cometidos fuera de sus fronteras. El Senado ha aprobado una norma, conocida como la Ley Rodchenkov, que permite a la justicia americana perseguir “el fraude” en aquellas competiciones deportivas en las que participe un deportista o un patrocinador de su país. Con esta excusa logra salir de su mapa para reprimir internacionalmente el dopaje, con condenas que pueden alcanzar el millón de dólares y los diez años de cárcel. Lo más irónico es que excluye a sus ligas profesionales nacionales, que además no tienen firmado el Código Mundial Antidopaje, y algunas universitarias. Un doble rasero que autoriza a castigar a un atleta ruso o chino, pero no a un jugador de la NBA, por poner un ejemplo. El caso ha indignado a la AMA, que ha respondido con un encendido comunicado en el que muestra su preocupación por la inédita “extraterritorialidad de la ley”, por la ruptura de las reglas del juego, y por el caos que se puede montar con justicias paralelas.