Desde hace quince años se viene hablando de la necesidad de cambiar la Ley del Deporte, que data de 1990. Efectivamente, veintiocho años son muchos en un sector que ha evolucionado profundamente en las tres últimas décadas. No está de más decir que uno de los elementos que contribuyeron a ese cambio –a todas luces positivo– fue también esa Ley del Deporte, el proceso de explicación, pedagogía y debate en toda España que permitió dos elementos clave que aclaran o justifican la longevidad de la norma: por un lado, llegar a un consenso político unánime en casi la totalidad de los artículos, como puede verse en las actas del Congreso; por otro, que el desarrollo posterior de las leyes autonómicas se inspirase y coordinara con la norma estatal, como así ha ocurrido en la mayoría de los casos.

Después de quince años y cuatro gobiernos señalando la modificación de la Ley como uno de los ejes de actuación básicos de la política deportiva, el actual ha tomado como objetivo principal la aprobación de una nueva Ley del Deporte. Pero ¿qué Ley del Deporte? Porque una norma legal, más que un objetivo en sí mismo, es un instrumento que permite definir y ejecutar políticas concretas que inciden en la ciudadanía, fija el marco de actuación para un desarrollo posterior reglamentario y ayuda a consolidar el modelo deportivo español, que en nuestro país está basado en el equilibrio y la colaboración público-privada entre las instituciones públicas, el movimiento asociativo –de clubes, federaciones y el Comité Olímpico– y el cada vez más pujante sector privado comercial y empresarial.

Cuando se habla de que el "modelo deportivo español" debe de cambiar, está "anticuado" o "caducado", nosotros negamos la mayor. El modelo deportivo de colaboración público-privada equilibrado y de cooperación interterritorial –necesario en un país tan descentralizado como el nuestro, en el que las competencias en materia de deporte son exclusivas de las Comunidades Autónomas–, sigue siendo válido. Así es en la mayoría de los países europeos, y no se entendería un modelo exclusivamente privado o predominantemente público, o en el que el deporte profesional se desenganchase definitivamente de las federaciones, o en el que no existiese una coordinación entre territorios y con el Estado. Por supuesto que el modelo no es perfecto, ni mucho menos; necesita ajustes, incorporación de nuevas realidades, eliminación de barreras, corrección de olvidos… Pero ¡cuidado con cambiar el modelo por el ímpetu de una realidad temporal que puede ser efímera!

Tan importante es el camino como el resultado.

En un sector con un componente asociativo tan importante como el deportivo –no olvidemos que, con sus 3,6 millones de personas afiliadas a las federaciones autonómicas y españolas, el sector deportivo federado es uno de los sectores asociativos más importante de España, si no el que más–, y con tanta presencia en los medios de comunicación, tan sustancial y tanto valor tiene el resultado final de una Ley como el camino o el proceso que se emprende para su elaboración. En este sector –y probablemente en otros de carácter social o cultural– el proceso de elaboración de la Ley es tan o más transcendental que los resultados de la misma. Porque solo un proceso participativo y pedagógico puede generar los impulsos necesarios para que lo que se apruebe al final por nuestro Parlamento, se aplique y se lleve a la práctica, tenga el impacto que se busca. Una Ley poco conocida, poco debatida o poco consensuada, será una ley fallida. Una Ley resultado de un proceso participativo y abierto, conocida y debatida –también en los medios de comunicación–, didáctica –entendible por la ciudadanía–, consensuada y aprobada por una amplia mayoría, tendrá más posibilidades de éxito en la mejora de nuestro modelo deportivo.

Por eso es muy importante que, previamente al proceso técnico de redactar un borrador de anteproyecto, conozcamos el contenido de los aspectos que va a regular la Ley y el sentido de los mismos. Conozcamos los contenidos, sean explicados por los promotores de la Ley, debatidos, contestados y, en su caso, mejorados. Porque no todo vale en la Ley, o cualquier Ley o en cualquier plazo.

Y en este campo, las prisas son malas consejeras. Dicen que tendremos muy pronto un borrador de la Ley. Pero si hemos esperado quince años desde que se diagnosticó la necesidad de su cambio, y en esos quince años no hemos dispuesto de ningún borrador serio o documento de contenidos que haya sido presentado como tal por las autoridades deportivas del Estado, no estaría de más que pusiésemos un poco de pausa en esta carrera. Necesitamos conocer qué aspectos debe abordar la Ley; qué cosas sobran de la vigente, qué aspectos faltan, qué hay que ampliar, qué hay que corregir, y qué hay que agregar. En definitiva, qué modificar, qué incorporar y qué eliminar. Y eso, debatirse con el sector deportivo.

Javier Gómez-Navarro fue presidente del Consejo Superior de Deportes en el momento de la aprobación de la Ley del Deporte de 1990.

Fernando París Roche, director de Gabinete del CSD en esos años, fue el coordinador del proceso de elaboración de la misma.