Coordinación entre administraciones
José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte entre 2016 y 2018, da su visión en esta tribuna sobre los aspectos que debe abordar la nueva Ley del Deporte, en la que trabaja el CSD y que debe sustituir al texto de 1990.
Consecuencia del claro sentir mayoritario del sector, nadie parece discrepar ya sobre la necesidad de un nuevo marco jurídico para el deporte español. Un nuevo marco que comience y pivote sobre una nueva Ley en la que asentar el crecimiento de nuestro sistema deportivo, un sistema que pese a sus déficits ha sido y es exitoso, y debe identificarse desde luego también como producto de la norma que ahora se pretende superar.
La del 90 fue una buena ley para nuestro deporte, y no parece necesario abordar ninguna revolución que desmorone los cimientos que fijó, y que han hecho que este país de 47 millones de habitantes haya alcanzado en las últimas décadas, y continúe haciéndolo, resultados en el primer orden internacional. España ha logrado una riquísima realidad polideportiva que, en muchos casos, transciende además de lo meramente competitivo. Nuestras Selecciones, deportistas y clubes, o los eventos celebrados en este país, son un influyente elemento que nos visibiliza y posiciona internacionalmente, mostrando la mejor cara de la España del siglo XXI. El deporte es un elemento universal por encima de diferencias socioculturales o lingüísticas, y el deporte español refuerza y respalda nuestra posición como país en otros lugares del planeta.
Es para garantía de esta realidad para la que se debe plantear una nueva norma que, a mi juicio, deberá comenzar por dotar al sistema de una mejor y mayor planificación y coordinación desde las propias Administraciones públicas. Siempre desde el evidente respeto competencial y de los principios que rigen las relaciones interadministrativas, el Estado debiera de asumir una función de programación y dirección de objetivos comunes que permitan al conjunto del deporte español seguir desarrollándose, teniendo en cuenta además la propia naturaleza específica y complejidad del hecho deportivo, así como también la característica autonomía de las entidades que conforman su estructura.
Del mismo modo, y en cuanto a estas mismas entidades, cabría avanzar también en una más adecuada definición y regulación de sus funciones y competencias, así como en la de los estándares de gobernanza, control y gestión, incluida evidentemente la financiera, que salvaguarde no solo ya los intereses del sistema deportivo y de quienes lo conforman, sino la propia esencia del deporte y su consideración en valores por el conjunto de la ciudadanía.
Del mismo modo, habría de identificarse como pilar de la nueva norma la protección integral y el acompañamiento continuado del deportista, donde se garantice su preparación y dedicación, y se protejan sus derechos, de muy distinta índole y naturaleza, frente a prácticas abusivas. La salvaguardia del menor, la igualdad de género, el deporte para personas con discapacidad o el deporte inclusivo serían asimismo parte principal de esta final garantía en la protección de los derechos de todos y de cada uno de los deportistas. Y, cómo no, la financiación. Una financiación pública eficaz, unos incentivos reales y efectivos a la participación privada y unos mecanismos de solidaridad financiera cabrían ser enumerados como posibles puntales para el sostenimiento a largo plazo del sistema en todos y cada uno de sus niveles, y siempre en igualdad de condiciones.
Junto a ello, la justicia deportiva, la ordenación del ejercicio de los profesionales del deporte, el deporte profesional, la competición deportiva y la actividad física… son considerables las materias que cabrá abordar, ya no sólo en la próxima Ley del Deporte español, sino en el nuevo marco regulatorio que a partir de ella se procure construir para nuestro sistema deportivo. Un nuevo marco que pretendemos esté pegado a su especificad, a su compleja y rica realidad y omnicomprensivo de sus múltiples efectos sobre la sociedad.