Ya tenemos en marcha el proyecto de Ley de la nueva ley antidopaje. La anterior contenía algunas imperfecciones, de las que no hay que buscar culpables, pues se aprobó por mayoría. Ahora se trata de corregirlas para hacerla más eficaz, y de paso armonizarla con el Código Mundial. Había unas cuantas cosas que chirriaban, y bien que las hemos sufrido -y seguimos sufriendo con la Operación Puerto-, como es la nula colaboración de las autoridades penales con las administrativas al no ceder las pruebas para sancionar a los deportistas, lo cual contribuye a nuestra mala imagen en el extranjero. No obstante, al deportista se le seguirá juzgando con indulgencia. Doparse no será delito, al revés de lo que se considera en Italia y estudia Francia.

Al deportista tramposo se le prefiere ver como víctima, aunque en estos tiempos es difícil que pueda ser inducido a doparse. Es él quien pide doparse para conseguir mejores resultados, tanto deportivos como económicos. Su culpabilidad queda de manifiesto cuando la tendencia es la sanción a perpetuidad. Lo que quedará expuesto el deportista con la nueva ley es a controles más rigurosos y a expedientes más severos, porque ambos serán de exclusiva competencia de la Agencia y no de las Federaciones. Agencia, por cierto, que perderá su calificativo de Antidopaje para sustituirlo por Protección de la Salud en el Deporte. Innecesario eufemismo, porque de lo que se trata es de combatir el dopaje, que el deporte de élite no es precisamente saludable.