Dopaje impune para el señor juez
Los acontecimientos del pasado viernes, especialmente que el Tribunal Supremo haya anulado el positivo de Roberto Heras en la Vuelta a España 2005 por un error de procedimiento, me han empujado a echar la vista atrás y a reflexionar. Y sin necesidad de profundizar mucho, he deducido que la lucha contra el dopaje en este país ha sido más ruidosa que efectiva en los últimos años… En realidad, hemos avanzado muy poco. Y me explico.
Cuando Jesús Manzano denunció en AS las prácticas a las que se sometió en el equipo Kelme-Comunitat Valenciana, lo hizo en un contexto en el que España era un paraíso del dopaje. Así nos veían desde fuera, y no sin razón. En aquellos años, nuestros deportistas solo daban positivo en el extranjero: ahí están los casos de Johan Muehlegg, Alberto García, Fran Pérez, Santi Pérez… Aquí, los controles eran estériles. Y como tampoco teníamos una Ley Antidopaje, las fuerzas de seguridad no se esmeraban mucho en perseguir algo que no estaba castigado.
En este contexto habló Manzano en 2004. Un año y medio después, Roberto Heras daba positivo con EPO en la Vuelta 2005. Su caso ponía por fin alas a la lucha antidopaje española. Jaime Lissavetzky, entonces secretario de Estado para el Deporte, puso mucho ahínco en que el expediente saliera adelante, porque sabía de su importancia para restaurar la credibilidad. Poco después, en mayo de 2006, la Guardia Civil destapaba la Operación Puerto, que tenía como origen las mismas denuncias que hizo Manzano en 2004. Y donde, curiosamente, también aparecía el nombre de Heras. Era la primera investigación en torno a las redes de dopaje del deporte profesional.
Pero algo se fue torciendo desde entonces. El juez instructor de la causa no quiso en ningún momento facilitar las pruebas (las famosas bolsas de sangre, las grabaciones…) para incoar expedientes administrativos, que sin embargo sí prosperaban en el extranjero (recordemos que Valverde fue sancionado en Italia, no en España). Y hasta sobreseyó el caso, que fue reabierto por los recursos presentados por la Abogacía del Estado. Y ahí es cuando descubrimos que aunque hubiera una voluntad ‘política’ de luchar contra el dopaje (por primera vez en la historia, por cierto), esas buenas intenciones iban a chocar constantemente contra la Justicia española. Y en esas seguimos.
Han pasado ocho años desde el caso Manzano, seis desde la Operación Puerto, ¿y qué? Pues que ya tenemos una Ley Antidopaje, que se aprobó en 2007 y que se está reformando en estos momentos, pero no soluciona (ni va a solucionar totalmente) el problema del trasvase de las pruebas. Y como nuestro derecho es muy garantista, fuera de España no lo entienden, especialmente los anglosajones, y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) nos tira de las orejas una y otra vez.
No hemos ganado en credibilidad, sino todo lo contrario. La Operación Galgo se archivó por un error de procedimiento en las grabaciones, aunque en esas grabaciones quedara claro que había una conducta reprochable (no lo digo yo, lo dice la sentencia). El positivo de Heras se ha anulado ahora por un defecto de forma, que no desmiente en absoluto que hubiera EPO en su orina. El próximo mes comenzará el juicio de la Operación Puerto, pero será por un presunto delito contra la salud pública, por lo que de nada sirve el reconocimiento expreso de varios acusados de haber realizado transfusiones, porque lo que estará en cuestión será el daño físico producido con esas prácticas.
Pongo el ejemplo de tres casos, tres, en los que ha quedado claro que sí hubo una práctica de dopaje. Pero la Justicia española no juzga eso. Y así la credibilidad se tambalea. Por ello no es casualidad que, paralelamente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tumbe continuamente las decisiones de las federaciones españolas: Alberto Contador, Paquillo Fernández, Alejandro Valverde, Josephine Onyia…
Fuera no nos creen, ni nos van a creer. Los positivos y las operaciones policiales quedan en entredicho por las decisiones posteriores de los juzgados españoles. Para colmo, la AMA ha suspendido ahora tres meses al Laboratorio de Madrid por un error en la manipulación de los frascos. Un hecho que, por desgracia, carga de argumentos tanto a nuestros detractores exteriores, como a nuestros garantistas interiores.
Como dije al principio, sí han pasado muchas cosas desde 2004. Muchas. Y me pregunto: ¿para qué han servido? Me da la sensación, y ojalá me equivoque, de que ha habido más ruido que otra cosa. Y ahora la patata caliente ya no está en la voluntad política, sino en la voluntad jurídica. No hemos avanzado tanto… No hemos avanzado casi nada. Antes intuíamos que podía haber dopaje. Ahora lo sabemos con certeza. Y, aun así, muchos tramposos siguen sin castigo.