España se pone al día en la lucha antidoping

El deporte español está de enhorabuena. El Gobierno presentó ayer el Plan Nacional Antidopaje, que entre otras medidas incluye la de una ley penal para perseguir a los instigadores (médicos, entrenadores) y traficantes que se lucran con el doping, y la creación de cuerpos especializados en la policía y en la fiscalía para este tipo de delito. Esperaba con impaciencia el fruto del trabajo de Lissavetzki en esta materia y el retraso de dos meses sobre el plazo anunciado empezaba a amostazarme. La persistencia del deporte español en dar la espalda al tema del doping me hacía temer que Lissavetzki se desanimara. Pero no ha sido así.

El anuncio llega en buen momento, porque el caso Manzano nos ha permitido ver las cosas con claridad. El auto de la juez confirma los hechos, pero señala que no hay delito, sino si acaso prácticas que contravienen el buen orden deportivo, en las que ella no tiene por qué entrar. Claro. Ese es el déficit que tenemos en España respecto a Italia o Francia. Por eso en esos países se condena a penas de cárcel a los médicos corruptos (y a sus cómplices) y aquí no. Por eso los mismos ciclistas y directores deportivos que son expulsados y repudiados en el Tour y el Giro disfrutan en la Vuelta de un ambiente permisivo en el que nadie les molesta.

Pero el terrible relato de Manzano significó un cambio del viento. Las bravuconadas que ahora se permite Belda, que ofendió hace un par de días al redactor de este periódico que recogió las confesiones de Manzano, son posibles aún en un país en el que hasta poderes públicos como la Comunidad Valenciana y el Gobierno Vasco amparan equipos ciclistas cuyas prácticas provocan situaciones de bochorno. Pero esto cambia, como no podía ser de otra manera. Los golfos que se enriquecen envileciendo el deporte y deteriorando (a veces hasta la muerte) la salud de los deportistas a su cargo están liquidados. Su reino sí que está muerto.