La Agencia Antidopaje cumple 10 años con mucho por hacer
Se creó en 2008 como reacción al Caso Manzano y a la Operación Puerto, que se cerró con absoluciones y aún colea. Asumió los controles y las sanciones.
![La Agencia Antidopaje cumple 10 años con mucho por hacer](https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/PAFACJOPQVJJVIKWLM32BOHCKE.jpg?auth=3f0fe67acfcb1a3d96a6809d30f4c82018733c5481ad0bd3f8143ccac19d356c&width=360&height=203&smart=true)
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) celebra este miércoles su décimo aniversario. Fundada tras el Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el que se aprobó el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), en estos diez años no sólo ha cambiado de denominación, sino también de funciones. Se creó sin las competencias de controlar y de sancionar, después de los escándalos del Caso Manzano (destapado en As en 2004) y la Operación Puerto (2006), pero la comunidad internacional siempre miró con recelo a España por su inacción. De hecho, la Operación Puerto prescribió y todavía no se ha resuelto. Como tampoco la dependencia del organismo respecto al Gobierno y al Consejo Superior Deportes (CSD). A través de estas líneas repasamos la evolución de la Agencia.
Creación.
La AEA nació en 2008, con Javier Martín del Burgo como primer director. La primera Ley Antidopaje, de noviembre de 2006, contemplaba su creación. Sin embargo, ni la Ley ni la Agencia existían cuando estalló la Operación Puerto, una mancha desde mayo de 2006. Tampoco surgió con competencias en materia de análisis y suspensiones. Esas funciones correspondían al CSD.
Operación Puerto.
Como el dopaje no era delito en España, los tribunales se centraron en si existía un delito contra la salud pública. El juez Serrano no permitió identificar a los clientes de Eufemiano. El caso se archivó y se ordenó su reapertura en dos ocasiones. Bajo el mandato de Ana Muñoz en la Agencia, la Operación Puerto entró en juicio oral en 2013. La sentencia definitiva no llegó hasta junio de 2016, cuando la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Eufemiano y Yolanda Fuentes, Manolo Saiz, Vicente Belda e Ignacio Labarta. Las infracciones habían prescrito. Se ordenó la entrega de las 211 bolsas de sangre, para que un auto aclaratorio posterior lo impidiera. La AMA aún trata de desvelar el nombre de los implicados hoy en día. Una providencia del Juzgado de lo Penal Número 21 ofreció recientemente las sacas al CONI, personado junto a AMA, UCI y RFEC.
![Eufemiano Fuentes, saliendo de los juzgados.](https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/QOWNOQELYZJU5ESQCLWZSJY3OI.jpg?auth=0adebe78246e7df4c51ed34116973f8dd21b4d996141bcc8af40d58f731ec9f9&width=360)
La Operación Galgo.
Una operación mal gestionada. Se produjeron 14 detenciones en diciembre de 2010, incluidos Eufemiano y Marta Domínguez. La causa se cerró por la nulidad de las pruebas. No se actuó a nivel administrativo.
Competencias.
En la etapa de Ana Muñoz se adoptó la capacidad para efectuar test e imponer sanciones gracias a la nueva Ley y al Real Decreto de 2013. La AEA pasó a llamarse AEPSAD.
Las dos suspensiones.
Con la entrada en vigor del Código Mundial de 2015, la Ley de 2013 no cumplía los estándares internacionales (el precepto de 2006 ya se adaptó en 2013 con carácter de urgencia para adecuarse al de la AMA antes de la elección de los Juegos de 2020). La incertidumbre política que vivía España, con un Gobierno en funciones y sin capacidad legislativa, provocó en 2016 la suspensión de la Agencia, primero, y del Laboratorio de Madrid, después. También le costó el puesto a Gómez Bastida, con quien se recuperó cierta confianza en el exterior por su colaboración en el Caso Armstrong y en la OP.
Rehabilitación y futuro.
Tras un vacío de un año en cuanto a controles, José Luis Terreros se puso en 2017 al mando de una AEPSAD rehabilitada, pero con el Laboratorio todavía sin acreditación. Solucionada esa situación, quedan bastantes asuntos pendientes: resolver la independencia de la Agencia y el Laboratorio, dotar de solidez al pasaporte biológico recién implementado, garantizar transparencia en cuanto a operativos y sanciones, tanto mayores como menores, mejorar el sistema de recogida y detección y trabajar con la AMA de cara al Código de 2021. Muchos deberes para asegurar una credibilidad en duda desde la explosión de la fallida Operación Puerto.