Inglaterra, segundo país que instaura una norma anti-Superliga

Inglaterra es el segundo país que crea una legislación anti Superliga. El primero fue Italia. Ahora la Federación Inglesa y la Premier League han comunicado que introducirán una nueva normativa adicional para que los nuevos propietarios firmen un compromiso de no adhesión a proyectos como el de la Superliga "para asegurar que los principios de la Premier League y la competencia abierta estén protegidos". La Liga inglesa explicó su postura: "Los acontecimientos de las últimas dos semanas han desafiado los cimientos y la determinación del fútbol inglés. Estas medidas están diseñadas para detener la amenaza de ligas separatistas en el futuro. Las infracciones de estas reglas y la Carta (de adhesión) estarán sujetas a sanciones significativas". Asimismo, la FA (Federación Inglesa) destacó la línea de trabajo a seguir en el futuro: "Hemos estado en conversaciones continuas con el Gobierno, la Premier League y la UEFA. En particular, hemos estado discutiendo una legislación con el Gobierno que nos permitiría prevenir cualquier amenaza similar en el futuro para que podamos proteger la pirámide del fútbol inglés". En sendos comunicados, dejan entrever la posibilidad de futuras medidas disciplinarias contra los clubes ingleses adheridos al proyecto (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea): "Estamos decididos a establecer la verdad de lo que sucedió y responsabilizar a esos clubes por sus decisiones y acciones. Nosotros y la FA estamos persiguiendo estos objetivos de manera rápida y adecuada, consultando con los aficionados y el gobierno".

"De momento están los 12, no se han ido. ¿Si tienen que pagar? Claro...", decía Florentino a Manu Carreño en El Larguero. Joan Laporta, presidente del Barcelona, respaldó la postura del Real Madrid públicamente: "La Superliga es absolutamente necesaria". Con este tipo de decisiones, Inglaterra e Italia vienen a incumplir las medidas cautelares que impuso el Juzgado de lo Mercantil de Madrid en las que, entre otras restricciones, exigía lo siguiente: "Prohibir a FIFA y UEFA que, durante la tramitación del procedimiento principal, de forma directa o indirecta (a través de sus miembros asociados, confederaciones, clubes licenciatarios o ligas nacionales o domésticas) anuncien, amenacen con, preparen, inicien y/o adopten cualesquiera medidas disciplinarias o sancionadoras (o, directa o indirectamente, inciten o promuevan que dichas medidas disciplinarias o sancionadoras sean anunciadas, amenazadas, preparadas, iniciadas y/o adoptada por terceras partes) frente a los clubes, directivos y personas de los clubes y/o jugadores que participen en la preparación de la Superliga europea de fútbol".

Batalla legal

La salida en falso de la Superliga fue, sobre todo, por la reacción del Gobierno inglés y sus aficionados. El papel de Boris Johnson fue decisivo al presionar a los clubes y amenazar con instaurar medidas con rango de ley para evitar la fuga de los seis ingleses que se apuntaron a la Superliga y proteger así la Premier League. El anuncio del nacimiento la nueva competición se produjo unos días antes de que la UEFA, presidida por Ceferin, anunciara la nueva Champions para el periodo entre 2024 y 2017. Los clubes de fútbol que impulsaron la Superliga habían acordado, a cambio de una inyección inicial de 3.525 millones de euros, devolver casi 6.100 millones en 23 años al banco de inversiones JPMorgan. El proyecto pareció saltar por los aires una vez que los ingleses abandonaron el barco. "Ni es un plan excluyente ni va contra las Ligas", explicaba Florentino en AS. Ahora queda por ver cómo resolverán los fundadores de la Superliga los contratos que firmaron. La European Superleague Company S.L. se protegió jurídicamente en primera instancia ante el Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid, pero ahora queda por dirimir la competencia real del tribunal español porque una cosa es son los exequatur (conjunto de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una conjunto de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro Estado reúne o no los requisitos que permiten reconocimiento u homologación) y otra la competencia relativa a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la Unión Europea según el Reglamento 1215/2012 ("en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica esté domiciliada; para determinar dicho domicilio, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de Derecho internacional privado").