Comprar una vivienda es una de esas grandes decisiones que se toman en la vida. Un lugar en el que establecernos, de forma permanente, en caso de que todo vaya bien. A la hora de realizar la operación no solo se debe tener en cuenta el precio en sí de la vivienda, pues también entran en juego los impuestos a pagar a Hacienda. Uno de ellos, por el mero hecho de realizar la transacción entre ambas partes (Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales; ITP).

Otro de los impuestos que se deben tener en cuenta es el de los Bienes Inmuebles (IBI). Se paga de forma anual por los propietarios, usufructuarios, concesionarios o titulares de un derecho de superficie de cualquier bien inmueble (desde pisos hasta despachos o trasteros). Los encargados de recaudarlos son los correspondientes ayuntamientos, como parte de las tasas municipales.

Quién lo paga y cantidad

El hecho de quién debe hacerse cargo del IBI es algo que puede generar controversia si no hay pacto previo entre ambas partes. En caso no haberlo, regirá la normativa de la Ley de Haciendas Locales, tal y como explica la notaría Giménez Arbona. En esta se indica que el sujeto pasivo del impuesto es aquel que estuviera como propietario a día 1 de enero del año en cuestión. Por tanto, la parte vendedora se haría cargo del mismo independientemente del momento de la compra, a falta de acuerdo.

Sin embargo, la Sentencia 2886/2016 de 15 de junio del Tribunal Supremo estableció que el artículo 63.2 del Texto Refundido de la Ley de Bases de Haciendas Locales debía "interpretarse de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad". Tras esta sentencia se debe prorratear para que cada uno abone la cantidad equivalente al tiempo que ha sido propietario del inmueble. Es algo que debe quedar claro para que luego no haya posibles conflictos.

La cantidad a pagar por el IBI dependerá del valor catastral, una cifra que fija el Ministerio de Hacienda en función de los datos de catastro, teniendo en cuenta tanto el valor del suelo como de la construcción en sí. Con ello se aplica la base liquidable, a la que se aplica el tipo fijado en las ordenanzas fiscales. Algunos ayuntamientos ofrecen fraccionar el pago, pues en algunos casos la cantidad a pagar puede ser muy elevada.

¿Y si el propietario no lo abona?

Llegado este caso, vendedor y comprador deberán ponerse de acuerdo para fijar quién realiza el pertinente pago al ayuntamiento, además de quién repercute posteriormente la cantidad a la otra de las partes. En caso de hacerlo antes de la firma, el vendedor puede acudir al ayuntamiento y liquidar este pago con carácter anticipado, para posteriormente cobrar la parte correspondiente al comprador al formalizar la venta del inmueble.

Si la operación ya se ha llevado a cabo, surgen dos opciones: la primera, que el vendedor espere a recibir el cobro del IBI; la segunda, que el comprador vaya al ayuntamiento tras la firma y solicite pagar el importe del año en curso. En ambos casos, se deberá ingresar la cantidad correspondiente a la otra parte.