Carles Puigdemont subió este jueves a un avión de la compañía Rayanair para completar el vuelo FR6732, según revela El Confidencial, ajeno a lo que le aguardaba en su destino, la ciudad italiana de Alghero, situada al noroeste de la isla de Cerdeña. Cuando llegó a las 21:05 horas, media hora más tarde de lo previsto, la policía de fronteras le estaba esperando para arrestarle después de que la base de datos del Sistema de Información de Schengen (SIS) alertara de que Puigdemont tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), según han explicado fuentes policiales al medio citado.

¿Qué es el SIS?

El Ministerio de Interior explica que el SIS “es un sistema de información a gran escala que almacena alertas sobre personas y objetos en relación con el control del espacio Schengen y cuya finalidad es garantizar la seguridad en dicho entorno”. Así sirve para facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales de control de fronteras, aduanas y policía de 30 países europeos, es decir, 26 Estados miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Para ello, “la información puede ser accedida por las autoridades responsables de los controles fronterizos, aduanas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como las autoridades competentes para la expedición de visados de toda la zona Schengen”. Los datos se introducen, actualiza, suprimen y consultan mediante los distintos sistemas nacionales, aunque hay un sistema central, “encargado de la supervisión técnica y de la administración”, que se encuentra en Estrasburgo (Francia). Solo los Estados miembros pueden realizar estas acciones.

Asimismo, los Estados miembros son los encargados de crear y mantener su propio sistema nacional, con lo que también “son responsables de cualquier daño ocasionado a una persona como consecuencia de la utilización de su sistema nacional SIS II” y deberán garantizar “que cualquier posible utilización incorrecta de los datos del SIS II y todo intercambio de información complementaria contrario a lo dispuesto en el presente Reglamento estén sujetos a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias”.

Italia comprobará que la orden esté en vigor

En este último punto, que trata de garantizar el respeto a los derechos de las personas detenidas, se encuentra Puigdemont. Si bien el Tribunal Supremo mantiene que la OEDE permanecía en vigor, el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, afirma que “se encuentra suspendida”. “España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima”, ha explicado en su cuenta de Twitter.

Dada la situación, lo más probable es que el juez encargado del caso se ponga en contacto con las autoridades judiciales españolas para corroborar que la OEDE está en vigor. De ser así, el magistrado italiano tendrá que comprobar si los delitos por los que España reclama a Puigdemont tienen correspondencia en su legislación.

Buena relación entre policías españoles e italianos

Los cuerpos policiales de España e Italia, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, mantienen una estrecha relación desde hace años debido las colaboraciones que han tenido que realizar para combatir el crimen organizado de las grandes familias mafiosas italianas. Nuestro país es uno de los lugares predilectos de estos delincuentes para invertir su dinero, especialmente las zonas del levante.

La última gran operación conjunta tuvo lugar el pasado lunes y se saldó con la detención de 106 personas por blanquear más de 10 millones de euros procedentes de estafas informáticas. Operaban desde el sur de Tenerife blanqueando a diferentes clanes italianos, como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita.