El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido el jueves en la ciudad italiana de Alghero, en el noroeste de la isla de Cerdeña, donde viajó desde Bruselas. En el aeropuerto, dos policías vestidos de paisano le arrestaron en respuesta a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada el 14 de octubre de 2019 por el magistrado instructor del caso del procés, en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien condenó por sedición a los líderes del proceso soberanista catalán que se pusieron a disposición de la justicia.

Está previsto que la audiencia de convalidación de su arresto se produzca este viernes, mientras que para el inicio del proceso por la extradición se tendrá que esperar, según ha explicado a Efe, Fabio Bruno, cónsul honorario en la localidad italiana. Por su parte, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, asegura que el expresidente se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial y que no se sabe con certeza si eso ocurrirá viernes o sábado.

El Supremo asegura que la OEDE permanecía vigente

En el Boletín Oficial del Estado (BOE), la OEDE es definida como “una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad”. Y así ha actuado Italia, ejecutar una orden que estaba vigente, como podía haber hecho cualquier otro país desde la retirada de la inmunidad parlamentaria.

Gonzalo Boye, ha señalado en su cuenta de Twitter que Puigdemont acudía a Cerdeña “como eurodiputado” y fue detenido en función de una euroorden que “por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida”. “España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima”, ha añadido el letrado.

En cambio, el Supremo sostiene que la orden permanecía vigente. El 14 de octubre de 2019, cuanto dictó su sentencia, Llarena reactivó las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de los huidos al extranjero. Desde entonces, las fuentes consultadas por Efe aseguran que no se han desactivado, a pesar de que Llarena presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si podía actuar o no contra Puigdemont una vez que las autoridades belgas rechazaron entregar al exconseller Luis Puig.

¿Qué pasará ahora?

Según recoge el diario Confilegal, Llarena recibirá una comunicación del sistema de información de Schengen para informarle sobre la detención de Puigdemont en Cerdeña, así como del tribunal mencionado. Después, el magistrado deberá solicitar a la autoridad judicial italiana la ejecución de la OEDE, requiriendo el traslado del detenido, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. “Cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y entrega”, establece la norma.

Para ello, Llarena tendrá que enviar a los jueces italianos un formulario completo de la OEDE, en el que debe especificar la identidad y nacionalidad de Puigdemont, sus referencias oficiales, la indicación de la existencia de la OEDE y la sentencia del Supremo, la naturaleza y tipificación legal del delito, la descripción de las circunstancias en que se cometió el delito y el grado de participación de Puigdemont.