“El Gobierno tomará las decisiones que hagan falta, cuando hagan falta y donde hagan falta”. Esta afirmación, pronunciada por el presidente Pedro Sánchez durante la comparecencia en la que anunció las primeras medidas de calado adoptadas por la crisis del nuevo coronavirus, ha sido interpretada por muchos como la antesala de un posible nuevo escenario en caso de que el plan de contingencia puesto en marcha no sea suficiente para contener el número de contagios. Y ya estamos en ese escenario.

Ni confirmó ni desmintió Pedro Sanchez ayer la posibilidad de echar mano del denominado estado de alarma en España, pero ya es oficial. Se trata de una medida recogida en el artículo 116 de la Constitución y desarrollada en la Ley Orgánica 4/1981 de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, prevista en caso de que las circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.

El artículo 16 de la Carta Magna indica el estado de alarma “será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sanciones

Si la autoridad competente fuera el presidente de una comunidad autónoma, podría requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales y a los que se podría imponer servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Al igual que sucedería con las autoridades civiles, funcionarios y trabajadores dependientes de la administración pública. Llegado el momento incluso podría ser desiganada una autoridad militar bajo la dirección del Gobierno, aunque es un supuesto no previsto específicamente en La Ley Orgánica 4/1981.

Por otro lado, el artículo 10 de la Ley contempla que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.