Privatizaciones, restricciones y “obediencia debida”: así es la ‘Ley Ómnibus’ de Milei
El decreto, que consta de 351 páginas con más de 664 artículos, contempla privatizaciones de empresas, elevación de penas contra manifestantes e incluso reforma de la educación.
Desde el pasado 10 de diciembre, día en que Javier Milei se hizo con la presidencia del país, Argentina está en un constante proceso de cambios y reformas exprés con el objetivo de salir de la situación delicada a nivel financiero e institucional.
El actual mandatario ha virado por completo el rumbo de la nave argentina a golpe de decretos para revertir una situación insostenible, marcada por una inflación interanual del 142%. La devaluación del peso en más de un 50%, y la reducción de ministerios en su gabinete, o la revolución propuesta para el fútbol argentino al dar vía libre a los clubes para que se conviertan en SAD si así lo desean, han sido algunas de sus primeras medidas estrella.
Una medida que generó preocupación en la Confederación Argentina de Deportes (CAD), por una posible sanción de FIFA y de CONMEBOL, que podría conllevar la exclusión de torneos internacionales como la Copa América y los Juegos Olímpicos de París, en verano de 2024, para los que Argentina está clasificado. El motivo, según la CAD, una posible violación de la autonomía de las Asociaciones Civiles y Deportivas, fijada por ley en el art. 20 de la ley 20.655.
A estas, se suma la ‘Ley Ómnibus’ que consta de 351 páginas con más de 664 artículos. Las privatizaciones de empresas estatales y el desguace del Estado lideran el decreto, que contempla otras reformas como la reforma de la normativa electoral o la reforma del Código Penal con la denominada “obediencia debida”, es decir, la luz verde que da el Gobierno a las fuerzas de seguridad para tener mano dura para controlar las manifestaciones en la calle, y el aumento de las penas contra manifestantes.
Extensa privatización de empresas estatales
La privatización de empresas públicas es otra de las señas de identidad de esta ley. YPF, Radio y Televisión Argentina, Aerolíneas Argentinas, Banco de la Nación, Arsat, Ferrocarriles Argentinos o Télam son solo algunas de ellas. En total, son 41 empresas y sociedades con participación mayoritaria estatal que dejarán de ser de titularidad estatal.
Mediante el proceso de desregulación de las grandes empresas del mercado, se reducirá el Estado a su mínima expresión y tratará de concentrarse a los grandes grupos económicos. Se derogarán leyes como la Ley del Azúcar, de 2003, y que contaba con aranceles a las importaciones de dicho producto; Ley de precio uniforme de venta al público, o la mencionada Ley de Defensa de la Competencia.
Cambios en las jubilaciones y severo ajuste al sector cultural
A través de su artículo 106, se elimina la fórmula de movilidad para los jubilados, que permitía el cálculo previsional de las pensiones, con el que se acordaba un aumento trimestral. De este modo, hasta que se establezca un nuevo sistema para aumentar los haberes, el Ejecutivo tendrá la facultad de hacerlo por decreto.
En lo que respecta al sector cultural, la Ley Ómnibus recoge el cierre definitivo del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes; así como un ajuste severo a la financiación de organismos culturales como INCAA, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
Los ciudadanos que pagarán por estudiar en la universidad pública
En el ámbito educativo, uno de los factores afectados es la gratuidad. En este caso, el Gobierno de Milei propone en su Ley Ómnibus que las universidades públicas sean de pago para los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país. Para la educación universitaria, a través del artículo 553, sugirió modificar los requisitos de ingreso, así como la financiación de la misma.
De este modo, la gratuidad de la educación superior en la Argentina se mantendrá para los ciudadanos nativos en la nación, así como para los extranjeros que sí cuenten con residencia permanente en el país. A todos ellos, no se les aplicará gravámenes, tasas, impuestos, aranceles o tarifas, directos o indirectos, a sus estudios universitarios.
Paralizada la reforma laboral por la Justicia
La Justicia asestó uno de los primeros golpes al primer decreto estrella de Milei, la paralización de la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU). La decisión fue adoptada por los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera, de la Cámara Nacional, para ‘congelar’ lo dispuesto en el título IV del DNU, que afectaba al trabajo e incluía controvertidas medidas como la extensión de períodos de prueba, reducción de períodos de embarazo, de jubilaciones, limitación del derecho a huelga…