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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS

Avanza la moción de censura contra Escañuela y Ladreda

Las territoriales (salvo Cantabria y Andalucía) presentaron los avales. Quieren elecciones y temen que con un gobierno del PSOE se le rehabilite.

José Luis Escañuela.

La moción de censura contra José Luis Escañuela y, por ende, contra su sucesor Fernando Fernández-Ladreda ya está en marcha. Las territoriales presentaron ayer en la Federación Española de Tenis los avales (75 en concreto) para que convoque la Asamblea. Escañuela está inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte por dos años, y tiene otros expedientes pendientes. Pero no ha dimitido.

No apoyan finalmente la moción dos territoriales, Cantabria y Andalucía. La primera no está de acuerdo con la manera en que se está llevando el proceso. La segunda, ha sido uno de los apoyos tradicionales de Escañuela. La intención de las federaciones regionales es que no continúe Ladreda, vicepresidente del sevillano, que se convoquen elecciones para lo que resta del periodo electoral vigente y colocar en su lugar a un exjugador. El nombre que más suena es el del Juan Avendaño.

Las elecciones en tenis, federación olímpica, corresponden tras los Juegos de Río 2016. Es decir, a partir de septiembre. Los convocantes retirarían la moción si Ladreda se va, pero no parece el caso. Así, de prosperar la moción habría unas elecciones posiblemente a finales de este año y otras tras Río.

Así se lo comunicaron el viernes varios presidentes de territoriales, entre los que estaban Antonio Martínez Cascales (Valenciana) y Miguel Díaz (Madrileña), a Miguel Cardenal en la sede del Consejo Superior de Deportes.

Tras la petición de las territoriales también se adivina un aspecto político. Habiendo elecciones generales en diciembre, temen que una victoria del PSOE rehabilite a Escañuela en el cargo. Manuel Pezzi, portavoz de Deportes del PSOE en el Congreso, ha sido un gran apoyo del presidente de la Federación, que presentó una querella contra Enrique Arnaldo Alcubilla, presidente del TAD, por prevaricación administrativa y falsedad documental que ha sido admitida a trámite en el juzgado de instrucción número 25 de Madrid. Tras ello, el PSOE presentó una solicitud de comparecencia en el Congreso de Cardenal para explicar los hechos.