Enrique Gómez Bastida estuvo al frente de la Operación Puerto en la Guardia Civil y después asumió la dirección de la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) hasta marzo pasado. Conocedor del caso desde todos los ángulos, apunta posibles soluciones en este artículo.

El Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), instó a la AMA el pasado 17 de mayo a que continuase con todas las acciones posibles en el marco de la Operación Puerto (OP) en la búsqueda de justicia para los deportistas limpios. Después de un año de la sentencia que autorizaba la utilización de las bolsas de sangre incautadas en 2006 para la identificación de los deportistas implicados, no se conoce ninguna acción realizada para llevar a cabo esa identificación. Ni siquiera parece que se haya llevado a cabo identificación alguna.

Según noticias de prensa, uno de los motivos podría ser el temor a las demandas de los deportistas afectados. Pero para eso, primero habría que identificarlos y no parece que eso haya ocurrido. Segundo, ese posible temor de la AMA, no se corresponde con la escenificación de la presentación de cada uno de los informes sobre el dopaje en Rusia en rueda de prensa con asistencia de medios de todo el mundo.

En estas ruedas de prensa se identificaban a personas concretas como partícipes de una trama de dopaje sistemático y se publicaron los informes en la web de la AMA, así como todos los documentos utilizados. Unos informes presentados en público y que no eran ni siquiera expedientes disciplinarios o el resultado de decisiones de un tribunal. En el caso de Rusia, no hubo temor a demandas. En el caso de la OP, la AMA no ha creado ni una comisión de investigación. Otro inconveniente que se ha puesto es la prescripción de los hechos. Pero esto era así desde 2014. También el caso Armstrong partía de hechos prescritos y encontraron la fórmula para llegar a un procedimiento y a una sanción. También estaba prescrito el dopaje del Tour de Francia del 98 y el Senado francés reanalizó las muestras de ese Tour y publicó los resultados. Pero, ante todo, para hablar de prescripciones, primero tendrá que haber identificaciones.

Sin embargo, la resolución de la mayor trama de dopaje hasta el caso de Rusia, como es la OP, no es el problema de la AMA. Es el problema de España. España tiene, once años después, la misma responsabilidad que en 2006: conocer la verdad. Es un tema de credibilidad. No es posible ser creíbles si la solución viene de fuera sin participación de España. No es posible ser creíbles transfiriendo la responsabilidad de forma exclusiva a terceros, o simplemente pidiendo que nos informen de los resultados.

España no debe buscar solo las identificaciones, sino un relato completo y verdadero del dopaje en España y eso también incluye permitir que aquellos deportistas españoles injustamente acusados de estar implicados tengan la ocasión de cruzar su ADN para demostrar su inocencia y acabar con las especulaciones.

El conocer la verdad exige de acciones concretas. Y eso es proponer y hacer. La AMA repite una y otra vez la falta de presupuesto para investigaciones. Pero Japón o Dinamarca colaboraron en la financiación de la investigación del dopaje en Rusia. Esta podría ser la primera medida: asegurar la financiación de las investigaciones de la AMA respecto de la Operación Puerto.

Pero la OP no fue una investigación aislada. Fue continuada de otras operaciones policiales y otras causas judiciales en las que se personaron el Consejo Superior de Deportes o la agencia antidopaje española con acceso a lo actuado. Y estos sucesivos escándalos han aportado información relevante para completar lo que en 2006 se desconocía de la OP. Solo España tiene acceso a información y solo España puede aportarla a las acciones que se realicen. Al igual que Italia, Alemania, Holanda, Dinamarca o Estados Unidos pueden aportar información y testigos adicionales.

Además, existe ya suficiente información como para identificar a testigos que pudiesen prestar testimonios de valor tanto para identificar las bolsas de sangre y más aún, para conocer la verdad. Testigos a los que España debe facilitar el acceso para que la AMA realice el trabajo que tiene encomendado.

No se trata de pedir el resultado de las identificaciones. Se trata de que otros no hagan el trabajo que corresponde a España. Se trata de resolver los casos que dañan nuestra credibilidad. Y la OP es el mayor que ha habido.