La ACB y el fraude de ley

La Asamblea de la ACB, acostumbrada a ponerse el mundo por montera cada vez que se reúne, ha decidido recurrir la norma del Consejo Superior de Deportes por la cual se trata de evitar el fraude de ley en los pasaportes de conveniencia. Estos se obtenían antes fácilmente con los matrimonios exprés, pero ahora que se han puesto trabas a esa vía, los jugadores de baloncesto (mejor dicho, sus representantes) han encontrado una nueva en los pasaportes cotonús. Miguel Cardenal, con toda su buena voluntad, ha dictado que, para validar la licencia, el jugador demuestre una vinculación familiar, deportiva o personal con su nuevo país, y los clubes de la ACB han puesto el grito en el cielo, porque vulnera derechos jurídicos de los trabajadores.

Los vulnera mientras la obtención de dicho pasaporte no suponga un fraude de ley. Los pasaportes cotonús se deben a un acuerdo entre la UE y 78 países, y los jugadores los consiguen para no ocupar plaza de extracomunitarios. El Madrid mismamente tiene a Rivers, que resulta que este año es de Gabón, y a Slaughter, de Guinea Ecuatorial (ayer volvió a ser estadoundiense por si acaso), además de Carroll, azerbayano, aunque éste al menos se ha tomado la molestia de jugar con la selección de su nuevo país. Por cierto, sorprende el celo del baloncesto con los derechos jurídicos, y sin embargo nadie levanta la voz contra la prohibición de que más de un jugador nacionalizado no pueda jugar en la Selección (casos de Ibaka y Mirotic). Ahí todos se callan. Curioso, ¿no?