La Agencia Estatal Antidopaje -el nuevo nombre es largo y feo, me disculpen- se pasó un tiempo firmando convenios insulsos con comunidades autónomas y federaciones semana tras semana. Sin proyectarse al exterior y sin resolver casi nada dentro. Su arma fue la Ley Lissavetzky del 2006, voluntariosa y loable, que introdujo la inducción al dopaje en el Código Penal pero que seguía dejando al albur de las federaciones la tramitación de los expedientes y las sanciones. El zorro cuidando del gallinero, véase el Atletismo de Odriozola, que algún ejemplo ha dado. Mientras, los cañones de la prensa internacional seguían apuntando con razón a España. Las trampas de algunos deportistas extendían sombras sobre una mayoría limpia. Hacían falta varios pasos más.

Y Cardenal se acordó de su profesora en Pamplona, Ana Muñoz. Ella, en año y medio, ha dotado a la Agencia de músculo e independencia. Lo primero que hizo fue ir a ver a la AMA y a EE UU, donde Tygart acababa de tumbar a Armstrong. La tomaron en cuenta. El dopaje es una mafia internacional que además mata (aquí hubo dos casos entre consumidores de gimnasio hace poco) y la AEA colabora más estrechamente con todas las policías, Europol e Interpol. Por la Ley del 2012, ha asumido controles (en los primeros cayeron tres atletas...) y sanciones. Como Muñoz ha sido eficaz, ahora el CSD la reclama para sacudir cierta caspa del mundillo federativo, acostumbrado a pedir pero no a generar e impulsar la Ley del Deporte Profesional. Ojalá vaya igual de rápido. Falta hace.