Nueve dosis de leyes y una de ética

La pregunta es recurrente: ¿Y ahora qué pasa? Nadie, con toga o sin ella, lo tiene demasiado claro, pero se pueden barajar algunas posibilidades. Pido concentración. Primero, supongamos que la jueza Aparicio determina que la norma que regula el voto por correo no es ajustada a derecho, tal y como reclama Ramón Calderón. En ese caso, la sentencia sería recurrible, y si alguien lo hiciera resolvería la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de dos meses a un año. Durante ese tiempo, Calderón seguiría siendo presidente. Supongamos ahora que la jueza decide que la norma que regula el proceso electoral es válida, tal y como pide Villar Mir. Entonces Calderón también tendría derecho a recurrir a la Audiencia pero, además, para evitar la ejecución provisional de la sentencia, podría presentar ante la jueza una incidencia contra ella, al considerar que tiene consecuencias irreversibles. De ser admitida, esa incidencia dilataría el proceso. ¿En qué situación tendría pocas opciones de prosperar esa incidencia? Por ejemplo, en el caso de que la Audiencia Provincial se pronunciara esta semana en favor de levantar la suspensión cautelar del voto por correo.

Si han llegado hasta aquí les resultará más fácil el resto. Desarrollemos qué sucede si los respectivos jueces se muestran partidarios de abrir los votos por correo. En ese momento no se acabaría la historia, comenzaría la segunda parte. Los votos no pueden abrirse sin más, ya que se encuentran en el Juzgado 25 de lo Penal, donde se investiga si hay indicios de delito. Hasta allí han llegado al menos dos denuncias ratificadas por dos socios que aseguran que su voto ha sido falsificado. El asunto está bajo secreto de sumario, a la espera de que el Juzgado admita o no a trámite las denuncias. Si las admite, algo que debería conocerse en los próximos días, el proceso se prolongaría durante meses y en consecuencia paralizaría el recuento de votos.

Más o menos, así están las cosas. Pero alrededor de las leyes debería haber algo más vinculante, especialmente en un proceso de tanta trascendencia pública: la ética. Si la jueza dictaminara en favor de Calderón, pienso que sus enemigos deberían reconocerle como presidente y aceptar su derrota. Otro recurso se entendería como una pataleta insufrible. Y de igual modo, si la jueza sentenciara la validez del voto por correo, creo que Calderón haría bien en aceptarlo, sin argucias legales que dilataran su mandato. En conclusión: debe decidir la jueza Milagros Aparicio. Alguien advirtió ayer que ya no lleva coleta. Se ha soltado el pelo. Vamos bien.