Fernando Lamikiz debe estar muy nervioso por los acontecimientos en el Athletic en los últimos tiempos (agónica salvación en la temporada pasada, destitución de Clemente en pretemporada...). Sólo así se explica la injustificada rajada que ayer se marcó para mostrar su posición tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gurpegi. El ataque a Jaime Lissavetzky sólo ha podido calar en el sector hooligan del club bilbaíno porque si se está medianamente informado de todo lo sucedido en este caso no se puede decir que el actual secretario de estado estado es el responsable de la decisión final de un juez. Fernando Lamikiz pasa por ser un buen abogado y, por lo tanto, conoce que los cimientos de una democracia como la española reside en la división de poderes de la que escribiera el Barón de Mostesquieu en el siglo XVIII. Así que no veo a Lissavetzky influyendo en la independiente Audiencia Nacional.

Además, si se analiza el desarrollo cronólogico del caso, se observa que el caso estalla en 2002 con el PP en el poder y cuando Lissavetzky era diputado y vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. El CEDD, supremo del deporte español, confirmó la sanción en 2003 y la Audiencia, en una primera sentencia, la ratificó a finales de 2004. A Lissavetzky, en estos dos años, sólo se le puede acusar de haber impulsado una nueva y severa ley antidopaje que va a perseguir a todos los culpables de los futuros casos gurpegis.