De paraíso, a azote del doping

En el Código Penal se ha introducido un nuevo artículo. Al leerlo quedo estremecido. Todo el peso de la ley recaerá sobre quienes "sin justificación médica prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas sustancias o grupos farmacológicos prohibidos..." Quedo estremecido porque si esta barbaridad se prohibe y sanciona explícitamente ahora, es que antes no lo estaba. O sea, que cualquiera podía prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer y facilitar todo tipo de doping a nuestros deportistas sin incurrir en delito. Pues sí. Ya lo vimos en el caso Manzano. La juez no encontró indicios de culpabilidad en nadie, ni siquiera aplicando la ley de Salud Pública.

Sin una ley eficaz, España estaba catalogada como uno de los paraísos del doping. Las sanciones administrativas no eran suficientes para frenar un comercio que mueve 13.000 millones de euros en el mundo. Aquí no se podían registrar los botiquines de los médicos, ni perseguir a los camellos, ni tomar medidas contra los directores y entrenadores que incluían el doping en la preparación integral de sus deportistas. Aquí valía todo. Hasta que el caso Manzano despertó las conciencias y Lissavetzky tomó al pie de la letra la única indicación de Zapatero en materia de deporte -tolerancia cero- y se puso a trabajar implicando a cuatro ministerios para la elaboración de la ley. Una ley que es azote del doping: la ley Lissavetzky.