El COE y las federaciones podrán "líneas rojas" a la Ley

Sábado por la tarde en Madrid. Gala anual de la Federación Española de Piragüismo en el Comité Olímpico Español. Alejandro Blanco, presidente del COE, y José Hidalgo, de ADESP (la Asociación del Deporte Español que agrupa a las federaciones) salen del despacho del primero para asistir al acto. Dos horas y media después, en cuanto finaliza, vuelven a encerrarse hasta casi las 22:00. De fondo, la polvareda levantada por el anteproyecto de Ley del Deporte presentado el viernes por el ministro de Educación y Deportes, José Guirao.

De su cita salen con un acuerdo: pedirán sendos informes a sus servicios jurídicos para detectar los puntos que consideren lesivos y presentarán a las federaciones las conclusiones en una reunión en el COE el 13 o 14 de febrero. En palabras de Hidalgo, se marcarán “líneas rojas”. Es decir, aspectos que pedirán que desaparezcan en el proceso de tramitación. Ahora se abre un periodo de un mes de consultas públicas y se pretende “unificar una posición”.

Entre esas líneas rojas, a juicio de una mayoría de presidentes consultados por ADESP, estaría revocar la prohibición de que LaLiga pueda “adquirir, explotar o comercializar” los derechos audiovisuales “de cualquier competición de la que no tengan condición de organizador”. Es decir, el artículo 90 que dejaría sin tres millones de euros de Javier Tebas a las federaciones con las que mantiene acuerdos de cesión de derechos (que no son en exclusividad) para emitir algunas de sus competiciones en streaming a través de la plataforma LaLigaSportsTV. Esta será lanzada en marzo a bombo y platillo en su versión definitiva y mejorada. El COE, sin embargo, no ha fijado una postura pública al respecto.

ADESP, en un primer análisis de la Ley, considera que la relación de sus asociadas con LaLiga no deriva en un monopolio para esta. Apuntan, incluso, a que el CSD debería pedir un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia porque “atenta contra la libre competencia”.

Blanco e Hidalgo coincidieron en que, previamente a la elaboración del texto, y tal y como recomendó el estudio de Deloitte para ADESP en comparación con otros diez países, se debería haber definido de qué modelo se quiere dotar al deporte español. Y a partir de ahí, haber elaborado la Ley.

Sólo una federación, la de Fútbol de Luis Rubiales (RFEF), tuvo acceso al borrador del anteproyecto de Ley días antes de su entrada en el Consejo de Ministros. Javier Tebas, presidente de LaLiga, denunció el viernes que los cambios que se introdujeron respecto a un primer texto elaborado en diciembre por la comisión de expertos obedecía a “defender al Real Madrid” y estaban condicionados “sin duda” por la RFEF.

Chocó mucho entre los presidentes que muy poco después de que el ministro presentara la Ley sin que nadie, se supone, la hubiera podido analizar, la RFEF lanzara ya un comunicado alabándola. Celebraba la RFEF “un modelo de auténtica autonomía e independencia finaciera de las federaciones para que no estén sujetas a los intereses comerciales de aquellos que del deporte ven sólo negocio”.

“Son declaraciones demagógicas e insolidarias”, se queja el presidente de una federación modesta que prefiere mantener el anonimato. “Estamos ante una oportunidad para todo el deporte español y no puede ser que esto se pierda por intereses personales, que una lucha entre RFEF y LaLiga condicione una Ley”, seguía.